Iván Tirzo/ @TirzoIvan
Juristas elaboraron las primeras 200 propuestas para la nueva Constitución en Puebla, la cual no ha tenido cambios de fondo sino solo adecuaciones desde hace 100 años.
Las condiciones políticas y sociales en el siglo XXI son muy diferentes a las del siglo anterior, eso obliga replantear nuevas normas que regulen la vida pública en la entidad.
Las propuestas fueron entregadas este 8 de mayo al candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta.
¿De dónde salieron estas propuestas?
De foros regionales y municipales en el que participan 100 juristas, académicos, investigadores representantes de asociaciones civiles y de agrupaciones de derechos humanos y especialistas en Derecho, encabezados por Ernesto Ramírez López.
En las ponencias se plantearon cambios reales, de fondo y estructurales para la división de Poderes y establecer normas para defender los derechos humanos.
¿Cuándo se aprobaría la nueva Constitución?
El maestro en Derecho Ernesto Ramírez López comentó entrevista con MTP Noticias que hay condiciones para la nueva Constitución debe analizarse en el Congreso después de la elección del 2 de junio de 2019.
Confiado en que el ganador de la elección extraordinaria será Miguel Barbosa, se tendrían 60 días para adecuar el marco jurídico en Puebla, para ello se requiere de la mayoría calificada de los diputados en el Congreso del Estado.
De hecho, el candidato ha planteado desde el inicio del periodo de campañas, el pasado 31 de marzo, su postura a favor por una nueva Constitución. Este 8 de mayo él planteó la eliminación del fuero a los servidores públicos y la revocación de mandato.
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¿Cuáles son las propuestas?
De los 200 planteamientos en los foros, estos son algunos que se incluyeron en el paquete entregado a Miguel Barbosa:
- Que ya no sea el gobernador el que proponga una terna para nuevos magistrados o designación del fiscal.
- Privilegiar la carrera judicial a la hora de elegir a nuevos integrantes del Poder Judicial pues actualmente no es una obligación.
- Que el Consejo de la Judicatura no tenga injerencia en los otros poderes. Quitarle esa facultad.
- Reivindicar los Poderes del Estado con la eliminación de la fracción V del Artículo 57 de la Constitución que da facultades extraordinarias al gobernador, porque eso permite actualmente un control en los Poderes Legislativo y Judicial.
- Sugiere bases para la protección de grupos vulnerables: niñas y niños, adolescentes, indígenas, mujeres violentadas y personas con discapacidad
- Plantea un protocolo de investigación en el delito de feminicidio; así como en caso de muerte de mujeres causadas por motivos criminales o suicidios
- Hacer obligatorio que los menores de edad queden en el anonimato al rendir su declaración en algún caso de delito
- Ordenar desde la Constitución a los jueces e investigadores a eliminar pruebas basadas en cualquier estereotipo o prejuicio de género o sexo.
- Tener mecanismos de recolección de datos, donde la sociedad pueda obtener información relacionada que le permita identificar patrones de violencia sexual femenina
- Se reconocerá a las víctimas del abuso del poder
- -Retirar de la Constitución la redacción de los Contratos de Servicios de largo plazo, que solo comprometen impuestos y participaciones federales a los gobiernos estatal y municipales
- Eliminar obstáculos que frenan a los ciudadanos a promover iniciativas ante el Congreso Local
- La Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá promover iniciativas ante el Poder Legislativo
Foro de seguridad, justicia y reforma
En los foros, los ponentes expusieron que existe en Puebla una gama de necesidades en materia normativa. El mayor abuso parte del orden constitucional, por lo que se requiere una profunda revisión al ser el que otorga identidad en el contexto del federalismo.
Un caso lo ejemplifica plenamente y este deriva del artículo 57, fracción V, que da al Congreso la facultad de otorgar facultades extraordinarias al gobernador, lo que conlleva a la antesala para que asuma facultades de los Poderes Judicial y Legislativo; por lo que se plantea su eliminación.
Compromiso por la Seguridad Pública
Ante el ingreso de la Guardia Nacional surge la necesidad del fortalecimiento del estado de fuerza y la capacidad institucional. Por lo que se plantea sentar las bases que permitan la participación ciudadana tal y como se ha asumido en los “Compromisos por la Seguridad Pública en las Américas”.
Los especialistas sugieren además la instrumentación de normas para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, de mujeres violentadas, de comunidades indígenas y de personas con discapacidad.
Cruzada de humanización del orden jurídico
Los juristas plantean adecuar el marco normativo a los tratados sobre derechos humanos, dado que resulta absurdo que la Constitución local solo reconoce a las víctimas de delito y desconoce a las víctimas del abuso del poder.
En este apartado se sugiere un protocolo de investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio que contendrá parámetros y procedimientos de investigación
Los especialistas proponen además como fundamental que los juzgadores lleven a cabo procedimientos de protección de derechos para las personas con discapacidad, abandonando la perspectiva asistencialista para entrar al modelo social y de los derechos humanos; y realizar ajustes en la ejecución de sus sentencias con una justicia especializada y basada en la perspectiva de discapacidad.
Cerrar el paso al abuso de los jueces
Los especialistas plantean la eliminación de la legislación de toda disposición que discrimine a las niñas, niños y a adolescentes. En las leyes se debe establecer la protección de su anonimato al rendir declaraciones.
En este rubro se propone además que en la sentencia el juzgador deber tomar en cuenta la situación de pobreza, origen étnico, incapacidad y factores como edad.
Los juristas dieron a conocer que desde la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal, existen en el estado de Puebla 1,500 carpetas de investigación por desaparición. Por lo que se plantea un protocolo para privilegiar la investigación inmediata, especializada y coordinada bajo responsabilidad directa del servidor público.
Creación de la Fiscalía en Delitos de Género
En los foros se planteó que los desde la Constitución se debe ordenar a los jueces e investigadores a eliminar pruebas basadas en cualquier estereotipo o prejuicio de género o sexo, incluso el cuestionarles la neutralidad del derecho aplicable como ha ordenado la Suprema Corte de Justicia.
A raíz de la tardía alerta de género se debe responder de inmediato con la creación de la Fiscalía en Delitos de Género.
Cancelar de la Constitución contratos de servicios de largo plazo
Para que no se repita lo que vivió Puebla en los últimos 8 años con gobiernos que endeudaron por décadas al estado, se considera prioritario retirar de la Constitución los contratos de servicios de largo plazo.
Se exigirá que los contratos de largo plazo no sean negocios del mandatario en turno y se visualiza la inédita figura de presupuestos plurianuales destinados al combate a la pobreza, tal y como sucede en otros países del mundo, pero no en México.