Alfredo Ramírez
Carlos Martínez Amador, un personaje identificado con el morenovallismo se perfila como el candidato a gobernador del PRD en Puebla, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional decidió competir solo al no mantener un frente con el PAN.
El nombre del exdiputado federal se puso sobre la mesa en el Comité Ejecutivo Nacional y también figuran los militantes Arturo Loyola González, Ana María Pineda Mejía y José Silvano Macuil Cielo, quienes se registraron en la búsqueda de ser nominados para competir en la elección extraordinaria del próximo 2 de junio.
Sin embargo, Martínez Amador es el que tiene mayor fuerza debido a que forma parte de Nueva Izquierda que es la corriente que controla el partido a nivel nacional, aunado a que tiene más experiencia en el servicio público.
El PRD tiene hasta el 6 de marzo máximo para determinar con qué perfil competir en esta elección en la que, según encuestas, Morena es el que lleva ventajas y podría ganar hasta 5 a 1 con cualquier abanderado con el que compita.
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Un negro historial de Martínez Amador
Martínez Amador es un personaje cercano a los fallecidos exgobernadores Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.
Incluso ha reconocido que la muerte de estos panistas fue lo que provocó que el frente que se mantuvo desde la elección del 2010 se desmoronara, y que cada partido decidiera ir solo al no llegar a un acuerdo con Acción Nacional.
MTPNoticias dio a conocer en su edición del 20 de febrero pasado que Martínez Amador fue el exdiputado más beneficiado del ‘cochinito legislativo’ en la pasada legislatura, con 9.1 millones de pesos, a pesar de que se ausentó para dirigir el Cobaep.
En su paso por el Colegio de Bachilleres, Martínez Amador también dejó una serie de anomalías como pagos injustificados a maestros por 45.7 millones de pesos. Fue la Auditoría Superior de la Federación la que detectó que en su periodo en 2017 no hizo buen uso del dinero público.
Según los documentos, realizó pagos a docentes por 144.4 millones de pesos, de los que sólo fueron justificados 96.8 millones y 47.5 millones fueron calificados como “innecesarios”.
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