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El fabricante de automóviles Volkswagen afronta a partir de este jueves la primera acción judicial impulsada por un grupo de clientes alemanes, a través de un procedimiento creado específicamente tras el Dieselgate, el escándalo por los motores diésel trucados del gigante alemán.
La asociación alemana de consumidores VZBV anunció haber hecho la noche del miércoles al jueves su petición al tribunal de Brunswick, una localidad del centro de Alemania situada a unos pocos kilómetros de la sede de Volkswagen en Wolfsburgo.
El fabricante alemán es acusado de haber perjudicado de forma deliberada a sus clientes con la instalación de un programa informático que hacía que los vehículos parecieran menos contaminantes de lo que eran en realidad.
“Volkswagen hizo trampa y debe recompensar a sus clientes”, consideró Klaus Müller, presidente de VZBV, citado en un comunicado.
Esta acción judicial se produce el mismo día en el que entra en vigor una ley que permite este tipo de recursos y dos meses antes de la prescripción de los hechos relacionados con el “Dieselgate”, una manipulación reconocida en 2015 por el mismo fabricante alemán.
“Hasta dos millones de consumidores podrían beneficiarse” de esta acción colectiva alemana, consideró el miércoles la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, en una entrevista para el diario Handelsblatt, en la que se refirió únicamente a los clientes de Volkswagen.
Volkswagen se resiste
No obstante, el gigante alemán insistió en que esta denuncia es “infundada”.
“Todos nuestros vehículos son técnicamente seguros y están autorizados a circular sin restricciones”, consideró Volkswagen, que no tuvo que indemnizar a sus clientes, al menos de momento.
“Nos toman por imbéciles”, aseguró indignado a la AFP Christian Säfken, propietario de un vehículo con el motor trucado y que prevé “unirse a la demanda colectiva para mostrar que los consumidores no nos dejamos engañar”.
Hasta que no se produjo el Dieselgate, la legislación alemana no contemplaba acciones judiciales conjuntas de consumidores.
“Se trata de un avance importante”, explica Ralf Stoll, abogada de VZBV, ya que hasta ahora “muchos clientes tenían miedo del coste de un proceso judicial”.
Este nuevo procedimiento judicial alemán no es comparable con las demandas colectivas habituales en Estados Unidos, pero permiten dar una sola respuesta a varios litigios.
En concreto, si el juez acepta la demanda, los clientes podrán unirse gratuitamente a la demanda antes de que el tribunal de Brunswick se pronuncie sobre la responsabilidad jurídica de Volkswagen.
En el caso en que haya una sentencia condenatoria contra el gigante alemán, entonces los clientes deberán hacer valer sus derechos de forma individual.
Un coste superior a 31,800 millones
“Si hay un primer juicio en el que se diga que (Volkswagen) debe pagar (…) sería una locura que hubieran juicios individuales para cada uno de los denunciantes”, declaró la ministra de Justicia en la televisión pública alemana.
Stoll prevé que “varias decenas de miles de personas” recurran a este procedimiento, mientras que en Alemania ya hubo 26.000 denuncias individuales por el Dieselgate.
Desde septiembre de 2015, este escándalo ha tenido un coste superior a los 28,000 millones de euros (31,800 millones dólares) para el gigante alemán, que reconoció haber trucado 11 millones de vehículos.
Solo en Estados Unidos, Volkswagen pagó medio millón de euros a sus clientes y pagó hasta 10,000 dólares en perjuicios e intereses.
En cambio, la multinacional solo ha tenido que pagar dos multas en Alemania, valoradas en 1,800 millones de euros (2047 millones de dólares), y se ha negado a hacer grandes reparaciones o devoluciones a sus clientes.
Según critican las asociaciones de consumidores, el gobierno alemán se esforzó excesivamente en proteger los intereses de una empresa estratégica. Pero esta situación ahora está cambiando.
“Volkswagen recordará el 1 de noviembre como el día en que los guantes de boxeo de los consumidores se impusieron a los guantes de terciopelo de los políticos”, presumió Klaus Müller, presidente de la asociación VZBV, en declaraciones a la agencia DPA.
Crédito: Expansión