Alejandro Camacho/ @alecafierro
Vecinos y el regidor del municipio de Cuautlancingo, Rafael Ramírez exigieron a las autoridades estatales y federales llegar hasta las últimas consecuencias en contra del empresario, Pedro Macsice Jabocoy de funcionarios de este municipio por realizar el ecocidio de 400 árboles en el vivero de Santa Cruz Guadalupe.
Lo anterior, tras comprobarse que por un lado, existe un permiso para el derribo de árboles por parte de la administración de Félix Casiano y porque el supuesto dueño, Pedro Macsice, ejecuta la tala de los árboles cuando no puede hacerlo.
En conferencia de prensa, el regidor aseguró que aun cuando el dueño solicitó el permiso, no debió derribar los árboles sin la previa supervisión de las autoridades, por lo que deberá ser sancionado y reponer 10 árboles por cada uno derribado.
Indicó que, por otro lado, el permiso otorgado por la administración de Félix Casiano, fue ilegal porque no estuvo avalado por ninguna autoridad, estatal o federal.
Además, el regidor de Cuautlancingo, Rafael Ramírez afirmó que hay intención de cambiar el uso de suelo al vivero para construir casas, lo cual sería considerado abuso de autoridad.
Ante ello, aseguró que ya han enviado solicitudes por escrito para que el gobierno del estado proceda en contra de los responsables de este daño ambiental.
En este sentido, destacó que antes de concluir la actual administración se reunirá con las nuevas autoridades para que den seguimiento a este ecocidio y se proceda ante las autoridades correspondientes.
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Al final, resaltó que el Congreso del Estado deberá interceder para declarar la zona como zona protegida con el fin de evitar que el particular siga devastando el lugar.
Solo se derribaron árboles enfermos: Abogada de empresario
Verónica Lara Cuautle, representante legal del propietario del inmueble, señaló que cuenta con los permisos del área de ecología del municipio de Cuautlancingo, que autorizó el derribo de los árboles que se encuentran enfermos, y que han sido avalados por estudios de la BUAP.
En defensa de su representado, afirmó que la oposición de los vecinos es porque no quieren que se sepa que se apoderaron de áreas federales donde construyeron albercas y piletas, mismas que colindan con la zona boscosa que es propiedad privada, y que pertenece desde hace 30 años a su cliente.
Rodrigo Fernández, defensor de la zona boscosa, dijo que la defensa surgió porque es la única zona boscosa con la que cuentan, y no van a permitir que se siga afectando.
Por ello, reiteró que todo se hizo dentro de la ley y, por ser un espacio privado, su cliente puede hacer acciones dentro de su propiedad.