Alejandro Camacho Fierro / @alecafierro
Entre consignas como “aborto legal, derecho fundamental” y “sí a la vida”, la diputada del PRI, Rocío García Olmedo propuso este lunes reformar el Código Penal para dar opción a las mujeres que aborten de realizar trabajo comunitario en lugar de ir a la cárcel como marca la ley actualmente.
Esta propuesta que al final fue turnada a comisiones enfrentó a los diputados locales pues algunos tomaron partido en manifestarse a favor de la despenalización y otros por la vida e incluso invitaron a integrantes del Frente Nacional de la Familia para ser respaldados.
Entre pañuelos verdes que representan estar a favor del aborto y pañuelos azules a favor de la vida, se desarrolló la sesión del Congreso del Estado donde se presentó la iniciativa.
Este grupo conservador repartió pañuelos azules a los integrantes de la bancada del PAN como un símbolo de defender el derecho a nacer: Mónica Rodríguez, Oswaldo Jiménez, Nancy Jiménez y Raúl Espinosa. Además de los morenistas Cristina Tello y Héctor Alonso Granados.
Por otro lado, mujeres que integran el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, entregaron pañuelos verdes que representan un aborto legal como parte del respeto al derecho que tienen para decidir sobre su cuerpo pero solo algunos legisladores aceptaron portarlo en sus curules. Entre ellas la propia García Olmedo, Vianey García y Estefanía Rodríguez.
Aparte del trabajo comunitario que propone García Olmedo en esta iniciativa, busca que las penas de cárcel sean de 3 a 6 meses y ya no hasta cinco años además
que no se ejerza contra algún médico si hubo consentimiento de la mujer.
En esta reforma de ley se eliminan conceptos que criminalizan a la mujer por abortar.
“Que criminalizan a las mujeres cuando interrumpen un embarazo, lo equilibro con trabajos comunitarios, y le retiro conceptos como el de mala fama y algunos otros, incluidos todavía en el Código Penal”, se lee en la propuesta.
¿Qué propone?
De acuerdo a la propuesta de ley, se busca modernizar algunos conceptos en los artículos 339, 340, 341 y 343, mientras que en el artículo 342 se busca eliminar el concepto de prisión como sanción por la interrupción de un embarazo, y cambiarlo por un trabajo comunitario.
“Este tipo de violencia contra las mujeres, es una violación a sus derechos humanos, pues sus derechos sexuales y reproductivos son amenazados, cuando se les impide a estas a decidir sobre su propio cuerpo y se las castiga cuando lo hacen”, señala la iniciativa.
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Actualmente en el artículo 342 se contemplan de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren las tres circunstancias siguientes:
I.- Que no tenga mala fama;
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo;
III.- Que éste no sea fruto de matrimonio.
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrán de uno a cinco años de prisión.
Esto será modificado por “Artículo 342.- Se impondrán de tres a seis meses de prisión, o de cien a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, una vez que hubieren transcurrido las primeras doce semanas del embarazo. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado.
Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta y en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de tres a seis meses de prisión.
Esta propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, la de Salud, de la Familia y Derechos Humanos con la intención de poder ser analizada.
Fotografías: Natalia Arias/ Frente Nacional de la Familia
