Norma Herrera
Cámaras empresariales y universidades se unieron para exigir a Andrés Manuel López Obrador, Presidente, que el Estado sea prioridad en el Plan Nacional de Paz y Seguridad debido a los altos índices de inseguridad que se viven, entre los que destacaron los delitos de robo de combustible, robo a transportistas y delincuencia organizada.
Detallaron que en Puebla tan sólo en 2018 se han detectado 11 mil 240 tomas clandestinas, y dos mil 207 robos a transporte en carreteras.
En cuando a homicidios dolosos se han cometido mil 620 en lo que va del año de los cuales algunas víctimas han sido estudiantes.
Así como, hay registro de 41 secuestros, 153 extorsiones y 5 mil 015 robos de vehículos con violencia.
Sustentando los índices delictivos, a Martha Erika Alonso Hidalgo, Gobernadora electa, le pidieron que a partir del 14 de diciembre se refuercen las acciones para combatir la impunidad, la corrupción y la inseguridad a través de mayor capacitación al personal y erogando recursos.
Detallaron que existe debilidad en las dependencias de seguridad y procuración de justicia luego de que sólo haya 6 policías por cada mil habitantes cuando la media nacional es de 1.8 por habitante.
Para lograr el refuerzo de la seguridad le pidieron al Congreso del Estado legislar para que el 2019 cuente con al menos el doble de recursos destinados a la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, dejando a un lado los conflictos partidistas.
La misiva fue firmada por universidades como la BUAP, la UDLAP, la UPAEP, así como, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el Consejo Coordinador Empresarial y Puebla contra la corrupción e impunidad.
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