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Un total de 16 denuncias penales ha presentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de 10 municipios poblanos y del gobierno del estado, debido a que no comprobaron recursos por 248.7 millones de pesos.
Hasta marzo pasado existían 13 procesos iniciados, pero en su segundo informe sobre la fiscalización a la cuenta pública 2017 el organismo reportó tres casos más, correspondientes a Izúcar de Matamoros (2) y Zacatlán (1).
La ASF presenta denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) cuando agota todos los pasos para fiscalizar recursos federales, y no encuentra justificación o pruebas del gasto o su reintegro a la Tesorería de la Federación.
No ubican 12.8 mdp en Izúcar
De las nuevas denuncias penales, dos corresponden al municipio de Izúcar de Matamoros por recursos que recibió en 2013 a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un monto de 39.9 millones de pesos.
Los resultados de la auditoría 13-D-21085-02-1286 refieren que el municipio no gastó adecuadamente los recursos que le fueron entregados, violó la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que incurrió en un probable daño al erario federal por 12.8 millones de pesos.
El monto fue ejercido durante la gestión del entonces alcalde Carlos Gordillo Ramírez, quien este año fue inhabilitado por el Congreso local para ocupar cargos públicos por 12 años debido a que no comprobó 25 millones de pesos, éstos entregados por el gobierno del estado.
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Gastan en obras que no encuentran en Zacatlán
Otra denuncia corresponde al municipio de Zacatlán, debido a que el ayuntamiento no pudo comprobar el destino de un millón 67 mil pesos que recibió durante el 2014, a través del Fondo de Cultura.
En su revisión, el órgano fiscalizador encontró que los recursos se destinaron al pago de 8 conceptos de obra que no fueron ejecutados. Dicha acción ocurrió durante la administración del ahora exalcalde Marcos Flores Morales.
El resto de los municipios con denuncias penales por la falta de comprobación del gasto de recursos federales son: Huaquechula, Tlahuapan, Tlaola, Chiconcuautla, Hueytamalco, Coronango, Tochimilco y Los Reyes de Juárez, de acuerdo con el último reporte del órgano fiscalizador fechado al 31 de octubre.
En el caso del gobierno del estado, la ASF presentó una denuncia penal por la falta de aclaración de 122.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para obras destinadas a la población indígena.
La ASF indicó que no fueron justificados cambios a los contratos de obra pública firmados en proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, caminos rurales y carreteras alimentadoras en 20 municipios. Además de que se entregaron anticipos a las empresas constructoras sin que estos fueran justificados.
En septiembre de 2017 la Secretaría de la Contraloría señaló a “cinco probables responsables” dentro de la denuncia penal que presentó la ASF por faltantes en la justificación de recursos y deslindó de responsabilidad al gobierno del estado de Puebla y al ex mandatario Rafael Moreno Valle, en cuyo periodo se ejerció este monto.
Crédito: e-consulta
