La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los baños portátiles alquilados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a través de contratos firmados por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), representaron un foco de infección para alumnos en Puebla durante el ejercicio fiscal 2018.
En una inspección que hizo personal de la ASF hace dos años se confirmó que había baños que estaban tapados y llenos de desechos, porque las empresas contratadas por el extitular del Capcee, Gustavo Guzmán, incumplieron con la limpieza de los móviles que ocupaban estudiantes, quienes además tomaban clases en aulas móviles, tras perder sus salones o escuelas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
El Capcee erogó en el último gobierno del PAN 12.7 millones de pesos para el alquiler de baños portátiles. Y bastó con verificar dos escuelas para corroborar que muchos no se usaron y otros estaban sucios con heces fecales.
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La ASF documentó, por ejemplo, que en la escuela Ignacio Zaragoza, en el municipio de Chiautzingo, se entregaron 16 baños móviles, pero solo dos fueron utilizados en el turno vespertino y 14 fueron resguardados durante un año en una bodega.
No se les realizó el servicio de retiro de desechos, ni desinfección de los módulos, sin que a la fecha de la revisión (noviembre de 2018), el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos haya aplicado a los proveedores las deducciones correspondientes, por el mantenimiento que no se realizó a los baños móviles”, se especifica en el reporte de la Auditoría.
Lo mismo sucedió en la escuela Albert Einstein, de Tlapanalá, donde el personal dejó que los niños usarán solo dos días los portátiles, “debido a que se taparon y no se realizó el retiro de desechos, ni la desinfección de los módulos, provocando un foco de infección”.
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Detectan anomalías en contratos de aulas y baños
De acuerdo con el portal de transparencia Con Los Ojos Abiertos, la ASF detectó recursos sin ejercer, apoyos entregados fuera de tiempo y descuido del mobiliario que se distribuyó en planteles educativos del presupuesto que se destinó a Puebla en 2017, derivado del sismo del 19 de septiembre.
Dentro del reporte de la Cuenta Pública federal del ejercicio fiscal 2017, se auditó el ejercicio de 192 millones 70 mil 200 pesos que se asignaron a Puebla como parte de los Apoyos Parciales Inmediatos (API) del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”.
Una parte de ese dinero se ocupó para el alquiler de 472 aulas móviles y 241 baños portátiles para las escuelas que se vieron afectadas por el terremoto, los cuales se dividieron en cuatro contratos adjudicados por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
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De este monto, 179 millones 360 mil pesos fueron para la renta de los salones móviles y 12 millones 710.2 para los baños.
Sin embargo, al revisar la ejecución de estos apoyos, la ASF encontró diversas anomalías, por las cuales ordenó a la Secretaría de la Contraloría estatal iniciar tres promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras en contra de los responsables”.
Además, en el reporte de la auditoría se señala que, de los 369 millones 517 mil pesos que se ministraron al estado de Puebla como parte de los API, no se ejercieron 525 mil pesos”.
Por esas anomalías, al ASF ordenó iniciar una investigación y, en su caso, un proceso sancionatorio, en contra de los funcionarios responsables de la verificación de las condiciones de los equipos que fueron entregados en las escuelas.
Por Alfredo Ramírez