Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en su momento el gasto en publicidad en los medios de comunicación por parte de sus antecesores, principalmente en televisoras como Televisa, tan solo durante su primer año de gobierno, le pagó 360.2 millones de pesos para promoverse.
En total, durante el año pasado, el morenista ejerció 3 mil 245 millones de pesos en publicidad oficial, cantidad que representa una tercera parte del primer año de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el gobierno de López Obrador mantiene prácticas discrecionales y opacas en la asignación del gasto a los medios de comunicación e información, informó la organización Article 19, tomando en cuenta las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc) que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social presentada el 17 de abril del 2019, persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución”, fijó la organización.
ARTICLE 19 y Fundar insistieron en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Del total del monto erogado en 2019, cinco de 564 medios de comunicación concentran el 40 por ciento de los recursos, es decir poco más de 1 mil 253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose.
La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos. Asimismo, de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres de ellas concentraron el 67 por ciento, es decir, poco más de 2 mil 170 millones de pesos.
Article 19 y Fundar recordaron que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, en donde la salud y la economía de las personas se encuentra en desbalance, es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo.
En este sentido, es importante que el gobierno planee de manera estratégica el gasto de publicidad oficial a fin de que la comunicación social logre acompañar a los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para su bienestar y desarrollo.
“Desde ARTICLE 19 y FUNDAR hemos insistido en la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social y dar pie a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas, principalmente a través de la definición de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta; así como de mecanismos de planeación”.