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En serio riesgo la reparación de los inmuebles y bienes muebles del siglo XVI al XIX que sufrieron estragos a causa del terremoto de septiembre pasado. El incumplimiento de pago por parte del Seguro del INAH a empresas que realizan trabajos de restauración; procesos administrativos confusos y la escasez de personal calificado colapsan la incipiente intervención que avanzaba a marchas forzadas en el estado.
A un año del sismo del 19 de septiembre (S19), el lento avance en la reparación de los edificios históricos, algunos considerados Patrimonio de la Humanidad, que se había logrado podría estar a punto de detenerse en Puebla.
La suspensión temporal de obras por parte de empresas se multiplican en las zonas afectadas e incluso algunas han advertido la suspensión definitiva de los trabajos en los inmuebles en el corazón de las serranías poblanas ante la imposibilidad de seguir financiando, de su bolsa, el resarcimiento de los catastróficos daños.
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La firma Restauro Compás y Canto –prestigiada empresa que cuenta con arquitectos restauradores que ha intervenido inmuebles patrimonio como el ex convento del Desierto de los Leones, la Catedral Metropolitana, el Castillo de Chapultepec, San Juan de Ulúa, el Santuario Mapethé, obra barroca magistral del arte virreinal en México, entre otras– ha anunciado formalmente que se encuentra en riesgo de suspender definitivamente los trabajos en el ex convento agustino de Chiautla de Tapia ante el incumplimiento de pago del anticipo que debió recibirse cuatro meses atrás.
El director de la empresa, Héctor César Escudero Castro, reveló que la factura del primer pago, acordada en el presupuesto de 8 millones por la reconstrucción y restauración del Templo y claustro bajo del ex convento de Chiautla, la nave y la torre campanario, fue cancelada sin mayores explicaciones al respecto.
En un breve comentario recibido por correo electrónico, al arquitecto se le señaló que la Aseguradora Banorte no podía liberar el recurso pues, pese a haber firmado el acuerdo, de último momento se dieron cuenta de que no hay evidencia formal de que el ex convento de Chiautla sea un bien inmueble federal y monumento histórico.
Este razonamiento que ofrece la aseguradora se sostiene aunque existe una Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos declara que los monumentos históricos son los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos dedicados a la práctica de un culto religioso; entre otras razones.
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Pese a los llamados y las cartas dirigidas a la Coordinación Nacional de Recursos Materiales del INAH y varias a la delegación poblana de Víctor Hugo Valencia, la reciente entregada a finales del mes de agosto, emitidas por Escudero Castro observando la irregularidad y solicitando una explicación a la suspensión del pago, autoridades han preferido el silencio y a la fecha no ha recibido respuesta.
“La restauración de este maravilloso inmueble nos animó desde el principio, ser parte del conjunto de personas que intervinieron este edificio desde el siglo XVI ha sido un verdadero honor, edificante experiencia, pero no tenemos condiciones para sostener el costo y esto hemos explicado a las autoridades del INAH”, dijo el fundador de Restauro Compás y Canto, empresa que a la fecha se ha visto obligada a reducir el personal de la obra a la mitad.
Para el ingeniero Raúl Mora Sánchez, administrador de Proyectos Construcciones y Asesoría de Obras, SA de CV, empresa encargada de la reconstrucción de la iglesia de San Juan Bautista en Pilcaya, la situación no es diferente, a cuatro meses de iniciados los trabajos, el pago del anticipo por la reconstrucción de ese bello templo histórico aún no llega.
El presupuesto acordado con el ajustador para la intervención del templo, ubicado en uno de los puntos más cercanos del epicentro del terremoto de 7.1 del S19, y que quedó prácticamente destruido, fue de 10 millones de pesos
Hasta este momento son visibles los avances en la reconstrucción, la empresa ha destinado sus esfuerzos concentrándose en edificar nuevamente el monumento histórico con las técnicas usadas siglos atrás pese a la falta del pago prometido.
Para el ingeniero Mora Sánchez, la lentitud en la reconstrucción del duro golpe a los edificios históricos patrimoniales se debe a que muy pocas empresas se arriesgaron a financiar los trabajos, sin contrato de parte del INAH y a las condiciones a las que han sido sometidas.
En la zona afectada, representantes de empresas contratistas confesaron que desde el inicio de este proceso han tenido que emitir y cancelar facturas más de tres veces ante la poca claridad de la Coordinación de Recursos Materiales del INAH que dio más de una indicación no solo confusa sino incluso contradictoria.
En regiones se registran paros temporales de empresas ante falta de pagos
En el mes pasado otras empresas han suspendido obras por al menos dos semanas. Este medio ha logrado confirmar paros parciales en la intervención de los templos de San Lucas en Tzicatlán municipio de Huehuetlán El Chico, San Juan Bautista en Teotlalco y en los templos de La Concepción y San Miguel Arcángel en Chiautla de Tapia.
Aunque en Tzicatlán y Teotlalco las obras se reiniciaron, la suspensión de los trabajos podría repetirse la incertidumbre del pago. Contratistas no descartaron que cada vez más empresas se sumen a esta expresión y se dispare esta situación a gran escala.
Expertos, restauradores y arquitectos entrevistados durante una visita a la zona, alertaron que la situación debe considerarse de emergencia pues interrumpir los trabajos deja a los inmuebles en una condición de suma fragilidad y, en los inmuebles no atendidos los daños presentes se van agravando, favoreciendo situaciones de riesgos que podrían llevarlos a que terminen de colapsar.
Francisco Aguilera, de la firma Escalera Espinoza y Asociados, empresa que hace tres semanas ha retomado el apuntalamiento del templo dedicado a Santiago Apóstol en el municipio de Chila de la Sal, asegura que trabajan contra reloj en un frenético intento por “ganar a las lluvias”.
El derrumbe de la cúpula y una parte de las bóvedas dejó al templo casi al descubierto lo cual permite la entrada del agua de lluvias, aumentando las afectaciones al edificio con daños estructurales graves. La condición ahora es aún más crítica, los muros han acentuado sus grietas, materiales absorben humedad, el piso y tramos de mármol se siguen desprendiendo, incluso se temen nuevos desplomes.
Aguilera explicó que la intervención de la empresa en este momento se centra en colocar nuevos andamos que reemplazan el insuficiente apuntalamiento que se colocó a meses de registrarse el S19.
El incipiente avance de la reconstrucción, lo atribuyó a la logística que parte de la dirección del INAH que ha privilegiado los trabajos en templos del centro y ha desplazado los de la periferia.
Para otros especialistas, es la equivocada estrategia de darle prioridad a los templos con daños menores mientras tanto los muy dañados agravan sus afectaciones; que pocas de las empresas calificadas y confiables se interesan en incursionar en tierras muy distantes de la capital poblana.
Reveló que uno de los principales problemas de la obra realizada en el municipio “enclavado en la sierra” es el traslado de materiales que deben transportarse en camiones de carga pesada, y aunque Chila de la Sal está próximo a Chiautla de Tapia, los camiones no pueden transitar por los caminos estrechos y con curvas, por lo que los vehículos deben rodear por Tulcingo del Valle, haciendo seis horas en llegar desde la capital poblana disparando en esa proporción los costos.
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La iglesia de Santiago Apóstol en el municipio de Atzala, Puebla, que destacó entre el recuento de daños del S19 luego de que cayera el techo sobre una familia que celebraba un bautizo, a un año del temblor mantiene el estrago intacto.
Contratistas, sumidos en la angustia y la indefinición
El padrón de 465 edificios históricos dañados, principalmente templos a la fecha es de 630, según el nuevo recuento del INAH. Especialistas confirmaron a este medio que existe un avance real del 35 por ciento en su reconstrucción.
En la totalidad de los testimonios de restauradores, arquitectos y contratistas que han participado en la intervención de los inmuebles considerados patrimonio histórico que resultaron dañados, se señala una maraña burocrática que ha impedido el flujo expedito de los recursos, al parecer de un “estancamiento monetario” de los seguros contratados por INAH.
El seguro contra desastres, contratado por el gobierno federal con Banorte por 350 mil millones de pesos parece haberse esfumado –aseguran– pues los depósitos de los importes conciliados simplemente no llega; y se teme que el financiamiento de la obra que realizan se transfiera sorpresivamente al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para poder continuar los trabajos. Aunque el INAH, a pesar de las complicaciones administrativas que ello conlleva, nada les informa al respecto.
De cumplirse este hecho, los trabajos de reconstrucción sufrirían un colapso, pues el Fonden obligaría a empresas a reiniciar el proceso y hacer cumplir nuevos requerimientos como someterse a licitaciones públicas, así como otras directrices indicadas por la ley de obras públicas, lo que coloca a los contratistas en una gran incertidumbre pues al no haber firmado contrato estiman que su inversión previa al momento del cambio podría estar en riesgo.
Al día de hoy, empresarios y especialistas que apostaron sus recursos han recibido “información de rebote”, pues el INAH no ha garantizado la transparencia de los procesos, han cambiado reglas e incluso ha solapado las trabas que el Seguro Banorte ha usado para evitar el pago.
Pese a que se cumplió desde el principio con la documentación requerida, se firmaron acuerdos conciliatorios con la aseguradora sobre la cobertura para la recuperación de inmuebles en presencia del ajustador que revisó “con lupa” cada caso, estos han sido desestimado en el último minuto.
A un año del sismo, se sigue conciliando presupuestos con el Seguro contratado por el INAH, en el transcurso de tal proceso el órgano de Banorte ha presentado nuevos requisitos que por cierto no contempla la póliza, algunos inconcebibles como la acreditación de que las iglesias, templos y exconventos sean “bienes muebles federales”, a pesar de que expresamente lo son, por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
La aseguradora ha recurrido incluso a las fichas de catálogo de los diferentes templos, elaboradas hace décadas, para “probar” que ya había fisuras y daños en las iglesias y que “ya estaban antes del sismo” por lo que, evade pagar el importe conciliado argumentando que se les pretende cobrar daños preexistentes, pues en rigor, el seguro no cubre los daños anteriores.
La comunidad de arquitectos y especialistas criticaron estas descabelladas trabas para liberar el recurso y lamentan que la dirección del INAH no reclame estos argumentos como inválidos y que muestre una actitud de sometimiento, señalaron que este hecho invita a pensar que existe un acuerdo entre la cúpula de directivos del INAH con Banorte.
Crédito: La Jornada de Oriente
