Hace algunos días, reflexionaba con un grupo de amigas sobre la terrible pandemia en términos de violencia hacia las mujeres y las niñas. Los resultados con los que México cierra el 2021 siguen sin revertirse. La violencia hacia las mujeres y en los temas de impunidad hacia nosotras, siguen hablando de una doble violencia y doble moral pues, si bien es cierto que muchas ya fueron víctimas de algún primer acto violento, muchas por negligencia o por omisión de las autoridades siguen siendo violentadas al no resolverse favorablemente y conforme a derecho sus casos jurídicos.
Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos en favor de las mujeres afirman que las estadísticas en temas de violencia e impunidad siguen en números rojos y mencionan que:
“Los indicadores públicos disponibles así lo confirman, vamos a concluir el 2021 con más de 35 mil homicidios en el año, lo que indica que la violencia no ha cedido y que se mantienen unos niveles muy altos”.
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Este indicador incluye a las mujeres violentadas, desaparecidas, víctimas de represión policial, torturadas y muertas.
“Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del 2021, 809 mujeres han sido asesinadas por razón de su género, Otros delitos, como violencia familiar, aumentaron casi un 20% del 2020 al 2021; en el primer año se registraron 184.464 casos, y en el 2021, 214.277 […]En cuanto a otros delitos de violencia de género en todas sus modalidades, fuera de la violencia familiar, se registraron en el 2021, 3476 casos, y en el 2020 fueron 3335, teniendo un incremento del 4,2%. Las violaciones hacia las mujeres todavía han crecido más: un 30% en comparación con los mismos meses de 2020 en donde se registraron 16.544 mujeres, y en el 2021, 17.784”.
Hace algunos días, justo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, fuimos testigo de las columnas de mujeres que se manifestaron en diferentes estados de nuestra República y al grito de ¡nos queremos vivas! hicieron eco y denunciaron la “otra” pandemia que se ha vestido de una sombra que, si bien es cierto es incolora se tiñe de rojo y abarca a un amplio sector femenino.
La violencia se articula por la ausencia de políticas públicas con perspectiva de género; del acceso real a la justicia por tener –aún- al interior de nuestras instituciones jurídicas a personajes quienes no construyen en favor de un enfoque de género y siguen legitimando a través de discursos machistas posiciones masculinas dominantes, donde nosotras ocupamos un segundo término y la aplicación de la ley es fallida en términos de una verdadera atención a víctimas.
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La narrativa en favor de la vida libre de violencia aún está muy lejos de encontrar justicia paritaria, las y los jueces no contribuyen en términos reales a una nueva forma de entender el poder. Esto quiere decir que, no es un asunto de mujeres, ni de relación de géneros, sino la oportunidad que tienen como autoridades para crear un verdadero ejercicio jurídico democrático.
Definitivamente, necesitamos un nuevo pacto social desde los diferentes órdenes de gobierno y que abarque a las diferentes secretarías, donde se reconozca la igualdad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos, el equilibrio de ambos géneros y vía una nueva narrativa se hagan cargo de las asimetrías gubernamentales, políticas, educativas, laborales, jurídicas, de salud y de poder.
Nuestras autoridades han jugado un tímido papel en el tema de hacer frente a la violencia hacia las mujeres y niñas. Los pasos que deben dar están en torno a poner freno al acoso, hostigamiento, descalificación y violencia intrafamiliar y laboral que llegan hasta la tortura, desaparición y al feminicidio, entendiendo a este último como el extremo máximo de la violencia de género hacia las mujeres.
Si bien es cierto que, la contingencia sanitaria provocó cierre de espacios donde muchas mujeres encontraban un espacio de libertad o cuando menos pequeños refugios. Hoy día, vemos que la brecha de la no violencia hacia nosotras se ha hecho más estrecha; observamos a instituciones que favorecen la impunidad, la ineficiencia en la aplicación e interpretación de la justicia en razón de género. Las fiscalías y tribunales, así como los modelos en los diferentes órdenes de gobierno no han podido materializar en favor de un discurso feminista y por supuesto, las políticas públicas siguen favoreciendo a ellos, como el único sector de toma de decisiones.
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El reto es grande pero, quienes se encuentran en cualquier sitio del servicio público deben actuar con una narrativa de respeto, inclusión y por supuesto de no violencia hacia las mujeres. ¡Ojo! y más si son mujeres las primeras “violentadoras” de otras mujeres pues, se vuelve cada día una historia más crítica y en verdad detestable.
Esperemos que este 2022 se inicie con la escritura un nuevo discurso democrático, incluyente, respetuoso, justo y con cambios trasformadores para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y poder revertir los terribles indicadores.
Por Mayra Sánchez García / @mayrusmayrus7
