Días atrás, una representación de empresarios poblanos acudió a la Ciudad de México.
También acudieron hombres de negocios de otros estados del país.
Se reunieron nada menos que con el nuevo director general del Seguro Social, Zoé Robledo quien, tras la salida de German Martínez Cázares, quedó al frente de esta dependencia.
Y entonces el tema surgió.
Le reclamaron porque la federación olvidó sus promesas de atender la rehabilitación o sustitución del que un día fue el Hospital San Alejandro.
Le recordaron que apenas había sucedido la tragedia de aquel 19 de septiembre de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a devolver la normalidad que el sismo aplastó y uno de estos casos era la atención digna a los derechohabientes.
El priista siempre lucró con la tragedia y una vez pasada las crisis (esta el caso de los damnificados de la Sierra Norte por Earl), se olvidaba de sus compromisos.
Sin embargo, en su momento, el tres veces aspirante a la Presidencia de la República se comprometió a que, de llegar a la silla grande, daría seguimiento a la reconstrucción.
De hecho ya como candidato, en una de las tantas visitas a Puebla, el tema de San Alejandro salía a relucir.
Pero a 8 meses y medio de su gobierno, ni una mención se ha hecho.
Por eso los empresarios poblanos reclamaron que no se cuenta con un proyecto a corto plazo para remediar las afectaciones que ha provocado la no restitución del que en su momento fue uno de los hospitales con mayor capacidad en el país y que contaba con 450 camas para atención médica.
No fue el súper delegado Rodrigo Abdala, ni el gobierno interino, ni la oposición en Puebla, ni directivos de la delegación de la dependencia… vamos, ni el CCE… fueron los empresarios ligados a la CANACO quienes salieron a dar la cara por los derechohabientes del IMSS.
Y es que se destacó que la falta de una atención digna en materia de salud, afecta la productividad.
En esa mesa se recordó que las cuotas al IMSS se conforman de tres aportaciones, donde los patrones contribuyen con el 62%, los trabajadores el 18% y solo el 20% el IMSS.
Otro tema que pusieron en evidencia, es que una vez que se determinó que el hospital ya no podía ser habitable, se ahorraron cerca de 2 mil millones de pesos por la operación del mismo y ese dinero no fue redireccionado a la renta de hospitales privados para la atención de la ciudadanía derechohabiente o bien para la adquisición de un predio donde construir desde cero un nuevo complejo médico.
Porque además, el inmueble que se adquirió denominado Centro Internacional de Medicina (CIMA), no contaba con la infraestructura adecuada para habilitarlo, debido que cuando se construyó, se pensó en un edificio de medicina privada, con amplias habitaciones individuales para albergar a los pacientes y a su familia en cómodos cuartos de lujo; lo cual contraviene a los diseños de estos hospitales públicos donde en un solo espacio pueden albergar hasta a ocho pacientes.
Y este es otro tema donde podría derivar en actos de corrupción contra quienes decidieron comprar este inmueble en lugar de adquirir un terreno y construir un hospital con las características requeridas; habría sido incluso más barato.
Otro tema que se puso sobre la mesa son las deficiencias con las que cuenta el Hospital La Margarita, donde existe hacinamiento tanto de médicos como de pacientes, los cuales son atendidos en sillas inadecuadas, e incluso en el suelo. Al final, es lo que hay.
Se sabe que el IMSS se acercaría al nuevo Gobierno del Estado por lo que esperan, se solucione dicha problemática.