El supuesto “paro fallido” que los transportistas organizaron este lunes, es una conducta que han copiado de movimientos surgidos en otros estados (recientemente Nuevo León) e incluso de otros países donde han peleado por el mismo objetivo: incrementar el precio del pasaje.
La estrategia que emplean es sencilla: amagan con paralizar a las ciudades exigiendo que el gobierno apruebe el incremento.
Es facultad del Poder Ejecutivo avalar cualquier nueva tarifa y no el Poder Legislativo, mucho menos el judicial y más aún cuando el esquema de operación es bajo la figura de concesión.
Los paros a la movilidad del transporte colectivos genera ganadores y perdedores; más los segundos que los primeros.
Pierde el sector productivo puesto que la gente llega tarde a sus centros laborales y muchos ciudadanos posponen compras.
Los trabajadores llegan a perder bonos de productividad por los retardos y se genera un caos social.
Ganan los transportistas alternos, quiere decir los taxistas y en una mayor cantidad, aquellos afiliados al transporte digital a través de aplicaciones, llámese Uber, Cabify, DiDi, entre otros quienes además, activan las “tarifas dinámicas” por el aumento sustancial en la demanda.
Al final, tanto los amagos como los paros buscan generar presión y pueden tener resultados incluso adversos.
La ciudadanía, como pasó ayer lunes, muestra su enojo y descontento más con los transportistas que con el gobierno, porque un aumento atenta contra el bolsillo de las familias.
Es verdad que la tarifa en Puebla es una de las más bajas, pero también es una realidad que el servicio es el peor evaluado en el país debido a su pésima calidad, las malísimas condiciones en las que se encuentran sus unidades con evidente olvido en el mantenimiento de estas (sucias, en mal estado, indignas para la población, con llantas lisas, luces descompuestas, contaminando a diestra y siniestra), el maltrato de los conductores -más bien cafres- a los usuarios, la mala forma en la que conducen (hablando por teléfono, a exceso de velocidad, ´volándose´ los semáforos, con copiloto que los distrae) y con ello, las constantes muertes por su irresponsabilidad al manejar.
Las cifras fatales son alarmantes.
De esta forma, los transportistas no ven sus concesiones como un negocio que ofrezca un servicio digno a los usuarios, sino solo como una forma de sumar riqueza sin invertir en su mejoramiento, que no es lo mismo que negocio.
La experiencia de otros estados han demostrado dos desenlaces ante este tipo de “extorsión social-gubernamental”:
– aquellos gobiernos que deciden ceder al chantaje y aceptan sus exigencias (haga de cuenta que los transportistas son Trump amagando con aranceles y el gobierno, la `4 T´ que cede a la primera provocación);
– y por otro lado aquellos gobiernos que no permiten el chantaje, se fajan los pantalones y demuestran fortaleza de carácter institucional.
Quien queda en medio son los usuarios que se ven afectados por un paro de transportistas, pero al final, deciden estar a favor de quien defienda sus intereses, en este caso, estarán a favor del gobierno estatal que en este momento dirige Guillermo Pacheco Pulido, quien tajantemente descartó que durante su administración -que culmina en un mes- se vaya a dar un aumento en el precio del pasaje.
Y es que saben de fondo que el nuevo gobierno establecerá nuevas normas para regular al transporte y sus concesionarios a fin de mejorar el servicio.
La exigencia o capricho de ellos (los transportistas) va en incrementar el precio en un 100% para llegar a los 12 o 14 pesos, sabiendo que la discusión real y final, en caso de darse, seria de uno a dos pesos.
Sin embargo, en las mesas de negociación no existe por delante la propuesta de mejorar su servicio y dejar de atropellar a peatones y ciclistas, antes que pensar en el incremento.
Y es que en promedio, el transporte público provoca de uno a tres accidentes viales.
Al final, si en verdad ser concesionarios ya no es negocio… ¿no seria mas fácil hacerse a un lado y ceder los permisos?
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En esta encrucijada, anote el nombre del diputado por Tlachichuca Jonathan Collantes (quien le debe su carrera política a Rafael Moreno Valle).
Actualmente es Presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado y lejos de estar a favor de la ciudadania cuidando su bolsillo, ha estado a todas luces a favor de los transportistas.
Es todo un caso.
Justifica que en Puebla no se han dado incrementos en los últimas años, que la tarifa es una de las mas bajas del país y que los insumos son cada vez más caros, pero poco habla del mejoramiento o la regulación al servicio.
Ha anunciado meditaticamente propuestas de iniciativas pero ninguna ha aterrizado, vaya de hecho no existe al menos un anteproyecto de ley.
Señala que es absurdo pensar en un incremento 12 pesos pero sí en 7, 8 o 9 pesos, tal como la estrategia de los transportistas lo plantea.
Lo peor es que el ahora Neo-Barbosista por querer quedar bien, comenzó a subirse al tema y el próximo gobernador señaló muy prudentemente que es mejor que el diputado no se meta en un tema que no es de su incumbencia, ya que, repito, es una atribución directa del Ejecutivo y no del Legislativo.
¡Que alguno de sus asesores le explique… échenle la mano!
