La población rural en México asciende a 25 millones de personas y los productores agropecuarios de autoconsumo representan el 80 por ciento entre 5 millones de unidades productivas existentes; solo producen para el autoconsumo familiar, pero no logran cubrir sus necesidades anuales.
Lo anterior se concluye de estudios de estratificación productiva realizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Paul Polak, en su libro Cómo acabar con la pobreza, señala que México cuenta con 2 millones 174 mil 931 unidades de producción menores a 2 hectáreas y representan el 49 por ciento del total nacional.
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Por su naturaleza minifundista, estos productores no tienen acceso a servicios técnicos de capacitación, asesoría, tecnología, mecanización, equipamiento o financiamiento. Pero su problemática no forma parte de los contenidos educativos ni de las políticas de investigación por carecer de rentabilidad económica.
A lo anterior hay que agregar que un 50 por ciento corresponden a propiedad social, ejidos y comunidades agrarias en donde la tenencia de la tierra no permite acceder a créditos, y un 85 por ciento de la frontera agrícola nacional depende solo de las lluvias que en los últimos años han sido limitadas.
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Las políticas públicas agroalimentarias, educativas, de investigación y fomento productivo se han destinado solo al 20 por ciento que produce excedentes intercambiables en el mercado. En las escuelas y universidades todos los ejemplos y tareas son sobre unidades productivas mayores a 100 hectáreas o a ranchos mayores a 100 vacas.
Los productores de autoconsumo, con pequeñas parcelas o unidades pecuarias, tienen una gran tendencia al trabajo individual, dificultades para el trabajo colectivo y escasa visión empresarial producto de una baja escolaridad que no supera los 4 años, edades superiores a los 50 años con una total ausencia de educación financiera, alimentaria y ambiental.
La descapitalización ha sido una limitación ancestral que ha derivado en el deterioro de recursos naturales para la sobrevivencia, traducida en la extracción excesiva de leña, material de construcción, madera y carbón, pastizales para el ganado, pesca incontrolada en ríos, lagos y lagunas.
Esta descapitalización ha inducido la renta de tierras ejidales, la migración hacia Estados Unidos y aumentado la tentación de participación en actividades delincuenciales, principalmente de los jóvenes.
Entre las políticas creadas para este sector de productores de autoconsumo solo están, desde hace más de 20 años, el PROCAMPO, hoy Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y los programas sociales con base a transferencias monetarias.
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Por todo lo anterior, me parece de gran interés el anuncio del presidente de la República de promover el autoconsumo, para lo cual realizará giras por todo el país para reunirse con productores, organizaciones y agrónomos con el fin de conocer experiencias y propuestas viables.
No se logrará nada si se sigue creyendo que todo lo realizado antes está mal, si todos los de antes son corruptos, si a las organizaciones ajenas hay que desaparecerlas y si las propuestas son descartadas por la ideología del proponente.
Lo primero que hay que saber es qué necesitamos en cada municipio para satisfacer las demandas alimentarias o de otros bienes, cuánto se puede producir en lo local y qué se debe traer de otros lados porque no es viable producirlo, cómo asegurar al menos el 75 por ciento de las necesidades locales para tener seguridad alimentaria y apoyar esos esfuerzos productivos.
Pero no existen estudios de Balance Producción – Consumo Municipal, el único que he visto en mi vida es el que realizó Juan Antonio Martínez cuando fugió como presidente municipal de Hueytamalco, Puebla, y esto implica que no se conocen las necesidades ni los potenciales locales de los municipios.
Los pequeños productores de autoconsumo requieren de servicios técnicos y apoyos logísticos que perduren más allá de los sexenios. Los huertos, granjas y cultivos básicos familiares requieren el desarrollo de proveedores con apoyo del gobierno para acceder a insumos, semillas, crías, tecnologías, equipos y maquinaria que hoy solo están disponibles para superficies superiores a una hectárea. Se requiere que aseguren su alimentación y produzcan excedentes intercambiables. Para ello, hacen falta políticas y recursos presupuestales que no se tienen o no se han querido destinar en esta administración.
Y para conocer todo el esfuerzo individual, bastará con crear concursos para obtener las mejores propuestas y casos de éxito que indudablemente se desarrollan todos los días por mexicanos creativos e innovadores con un gran sentido nacionalista. La Presea al Mérito Alimentario Evangelina Villegas o la Medalla al Mérito Hídrico, establecidos en Puebla, visibilizaron, premiaron y socializaron decenas de proyectos de desarrollo e innovación en favor del estado.
¡No perdamos tiempo en inventar el agua tibia o el hilo negro!
Por Alberto Jiménez Merino/ @jimenezmerinomx
