Que los intereses empresariales sigan por encima de las necesidades básicas de los ciudadanos parece algo que no deberíamos de estar escuchando, o relatando, en tiempos de la 4T, pero sí, lo hacemos.
En el estado de Puebla lo que se prometió que nunca jamás volvería a pasar esta ocurriendo, el primer caso involucra a grupo Proyecta que en sus intenciones por crear un nuevo desarrollo inmobiliario pasan por encima de las propiedades de los habitantes y de más de mil 700 árboles ubicados en Santa Clara Ocoyucan.
Pese a que el proyecto sigue sin autorizarse, ya que apenas realizaron el cambio del uso de suelo, parece que el grupo Proyecta no tiene pensado tentarse el corazón ni mucho menos desistir en sus intenciones por colonizar toda la zona. Esto se lo han hecho ver tanto a ejidatarios de Ocoyucan, como a los habitantes de Malacatepec que han sido hostigados y hasta amenazados a punta de pistola por los magnates inmobiliarios para lograr un desalojo caótico, injusto y a la mala.
¿Y las autoridades? Muy bien, gracias.
Si usted, querido lector, se pregunta por qué esto no se ha denunciado ante las autoridades judiciales permítame decirle que ni si quiera ahí tendríamos esperanza alguna ya que los jueces nos han dejado claro que primero está el dinero y después el ciudadano.
Ejemplo de esto, el fallo de un juez en contra de la comunidad totonaca en la Sierra Norte de Puebla que favorece a una hidroeléctrica que va a generar electricidad exclusivamente para Wal-Mart.
Sí, así como lo lee: primero el empresario, y extranjero, y luego el mexicano.
Fueron tres comunidades indígenas las que presentaron un amparo en contra de este proyecto que provocará una disminución de agua en la región, generará gases efecto invernadero, provocará fauna nociva y claro está que contaminará los acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Sin embargo al juez Miguel Arroyo Herrera poco le importó esto y se basó en los peritajes propios de la empresa, que como es de imaginarse no presentan un solo daño ambiental y contradicen por completo lo que argumentan las comunidades indígenas.
Lo peor ni si quiera es eso, si no que este proyecto tenía permisos para funcionar seis años antes de que se realizara la consulta. Las organizaciones que intentan proteger a estas comunidades indígenas aseguran que la autoridad no realizó ningún tipo de manifestación de impacto social y además se pasaron por el arco del triunfo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Como siempre las preguntas permanece sobre la mesa ¿y las autoridades? ¿acaso están dormidas? ¿van a seguir promoviendo la inacción ante un verdadero atropello a los derechos de los poblanos? ¿hasta cuándo veremos un acto de justicia que favorezca al ciudadano y no al empresario que puede pagarlo sobornando al juez?
Yo ahí se las dejo, ¡los leo!
