Como anteriormente en este espacio para MTPNoticias, mencionábamos las medidas jurídicas tomadas en el estado de Puebla para hacer frente a la acción de venta de vacunas falsas siendo una realidad el 10 de marzo de este año, a través de la reforma de los artículos 403 y 404 incrementando la sanción hasta una mitad, cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional y licencia comercial por diez años para el derecho de ejercer su profesión y comercio.
Por su parte a nivel nacional en recientes días en el Senado se presentó la propuesta de 45 años de cárcel por falsificar pruebas o vacunas contra Covid-19, a través de una reforma a la Ley General de Salud. La decisión fue tomada por unanimidad este jueves 30 de septiembre, durante la reunión virtual ordinaria celebrada por los integrantes de la Comisión de Salud.
En específico se estableció imponer las penas a quienes “adulteren, contaminen, alteren o falsifiquen medicamentos para prevenir, detectar, tratar o curar alguna enfermedad causada por una epidemia grave”, cuando algunas de las conductas que incluye el artículo 464 Ter involucren medicamentos o vacunas que pretendan prevenir, detectar, tratar o curar alguno de los supuestos previstos en el artículo 181 se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. En el caso anterior, también aumentará la pena hasta en un tercio cuando además el ilícito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
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Aunque los artículos en mención ya establecían la falsificación o alteración de las vacunas y medicamentos, de manera general, se retoma la postura de aumentar las penas que anteriormente oscilaban de 1 a 15 años según la fracción citada, para quedar hasta 45 años atendiendo a la pandemia que nos aqueja.
El antecedente del Senado para tomar esta determinación fue un mensaje de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advirtió con preocupación cómo se potenció la propagación de medicamentos falsos desde el estallido de la pandemia de coronavirus COVID-19, derivado a que muchas personas aprovechándose de la urgencia y necesidad lucran con la desesperación, engañando a las personas con otorgarles los medicamentos y vacunas que tanto anhelan encontrándose con precios excesivos y fórmulas alteradas.
La salud es un derecho humano establecido en el artículo 4º de nuestra Constitución que debe protegerse por el Estado con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Todos y todas sin excepción, tenemos el derecho a cuidados que nos salven la vida y esta responsabilidad recae en los gobiernos.
¿Qué pasará con las vacunas fake?
Por Keren Reyes / @keren_kelly / @SIDECALI
