¡Una locura!, así señalo hace algunos años Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de quien sobra mencionar el respaldo académico y judicial con el que cuenta, la idea de modificar el sistema de selección de jueces para que los elijan por voto popular.
Sin embargo, no es el único académico que lo sostiene en la experiencia de otra latitud, sino también la Academia Mexicana de Ciencias Penales y diversos académicos con amplia trayectoria en el ámbito del litigio como el doctor Zamora Pierce.
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La democratización del Poder Judicial como una cosmovisión de la imparcialidad judicial no es sinónimo de transparencia o de cero impunidad por lo que nuestra Constitución Mexicana la quieren modificar para dar pie a ello.
No obstante de que la misma refiere que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo por lo que, ¿a quién se depositará el Poder Judicial?
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La garantía de imparcialidad retomada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna da respuesta a la ciudadanía ante tantas demandas de justicia desde un poder judicial independiente con debates internos que nos generan criterios a través del análisis del derecho interno e internacional y que eso lo puede lograr la profesionalización y especialización del personal como su carrera judicial a la luz de los derechos humanos.
Por ahora solo el ámbito federal se manifiesta en su contra, pero esta idea no ha generado eco en los estados de la urgencia de este mal que se pretende hacer, por lo que este y otros puntos que están en la propuesta de la reforma judicial no son la mejor opción.
Fallos tendenciosos para ganar simpatías son algunos aspectos que derivan esta idea por que no se asegura que lleguen los más capacitados sino los que los votaron bajo procedimientos que tampoco son claros y que se perfila una sola ideología sin generar contrapeso como regalo de despedida.
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Sin jueces independientes quedamos en el desamparo, ¿quién defiende a quién nos defiende de violaciones a nuestros derechos humanos? , porque también como trabajadores tienen derechos que deben atender.
Si la autoridad no me atiende, si impugno una resolución, si demando incumplimiento de la autoridad sé que la justicia federal me hará justicia, pero con este escenario, ¿y ahora quien podrá defendernos?