No podemos darnos la oportunidad de enfermarnos porque no hay camas disponibles, la atención médica es restringida, no hay medicamentos y cuando de Covid-19 se trata, son menos opciones.
Resulta alarmante la situación actual en todo el mundo, pero al mirar nuestro estado es preocupante, se quedaría sin camas para atender a pacientes con Covid-19 graves y no graves el próximo jueves 14 de enero: el titular de la Secretaría de Salud de nuestro estado, José Antonio Martínez García, así lo refirió. Al corte del 8 de enero, la entidad acumula 51 mil 528 casos positivos y 6 mil 242 muertos, con tasa de letalidad del 12.1 por ciento.
No debemos olvidar que la salud es un derecho humano que en su artículo 4 nuestra Constitución prevé y que debe protegerse por el Estado con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
Todos y todas sin excepción, tenemos el derecho a cuidados que nos salven la vida y esta responsabilidad recae en los Gobiernos. La escasez de recursos o el uso de modelos de seguro médico público o privado no debe justificar la discriminación contra ciertos grupos de pacientes, como ha ocurrido, aumentando la cuenta por pagar de los pacientes que resulta incosteable y negando el servicio en hospitales privados.
Más de 60 expertos y relatores de la ONU sobre derechos humanos han afirmado que la pandemia del coronavirus Covid-19 supone un trato igualitario en los centros de salud a la hora de atender a cualquier persona infectada, sin excepción posible, lo que deviene en la obligación del Estado de brindar atención médica sin discriminación en hospitales públicos y privados.
Por ello la crisis generada por el coronavirus no puede resolverse únicamente con medidas de salud pública y disposiciones de emergencia, sino que debe abordarse con apego a todos los derechos humanos, como se sostiene en el artículo 150 de la Ley Estatal de Salud, donde quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, por necesidades técnicas de los programas específicos de prevención y control de enfermedades.
Aunado a lo anterior, por situaciones que pongan en peligro la salud de la población, podrán acceder al interior de todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades encomendadas a su responsabilidad, para cuyo fin deberán estar debidamente acreditados y autorizados por alguna de las autoridades sanitarias competentes.
Que la falta de áreas de atención, medicamento y demás elementos, no sea un pretexto para que hacer realidad nuestro derecho a la salud y se cumpla por nuestros gobernantes la protección que nos debe ser otorgada.
