Buen inicio de semana tengan todos nuestros apreciables lectores…
El sistema penitenciario en México, como en la mayoría de los países, sufre graves y serios problemas, entre ellos podemos mencionar la sobrepoblación, la falta de recursos económicos para su funcionamiento, la falta de personal custodio y técnico administrativo y la adecuada capacitación de los ismos, pues siendo francos no existe un adecuado trabajo encaminado a una reinserción social efectiva y todo ello deriva en vulneraciones a los derechos humanos de los internos.
En Puebla, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) propuso al Gobierno del Estado que en el territorio poblano se construyan cuatro Centros de Reinserción Social (Ceresos) o penales y se amplíe uno de los ya existentes, mediante los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Sistema de Obras no Solicitadas, en los que los financiadores fueran los empresarios, la banca o bien, que fueran concesiones.
Los Ceresos que propone la Cámara estarían: uno, entre Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango; otro, en Acatlán de Osorio; otro más, entre Tecamachalco y Tehuacán, y el cuarto entre Cholula y Huejotzingo, el quinto proyecto sería ampliar la capacidad del que se ubica en Tepexi de Rodríguez.
Al respecto el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció la construcción de seis penales en la entidad poblana, dos en el centro del estado y cuatro regionales en los municipios, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Huauchinango.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que los nuevos penales podrían estar listos en dos años y medio, a fin de beneficiar a la población penitenciaria y evitar el hacimiento y sobrepoblación en las cárceles.
Destacó que, además su administración realizará inversiones para los penales ya existentes, a fin de construir nuevos dormitorios y mejorar la infraestructura de los reclusorios y es aquí donde surge de nueva cuenta la interrogante respecto a la viabilidad o no de concesionar las instituciones penitenciarias al sector privado, pues mientras las autoridades en Estados Unidos están llegando a la conclusión de que las prisiones privadas son más costosas y ofrecen los mismos servicios que las estatales, en México es una situación que aún se encuentra en la mesa de discusión respecto a su viabilidad y para ello lo referido por el gobernador del estado poblano de concesionar las cárceles que se construyan.
Sin embargo a nivel Federal el Estado paga 22 millones 692 mil peso por los presos en seis cárceles privadas, 4.5 veces más de lo que le costaría si fuesen administradas en su totalidad por el Gobierno Federal, si ello es así ¿por qué investigadores afirman que las cárceles privadas son un negocio?
El Estado paga a empresas privadas por hacerse cargo de seis cárceles federales por un monto millonario que es casi 4.5 veces más alto que lo que pagaría si estas prisiones fueran públicas.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) propone construir las instituciones penitenciarias bajo el esquema privado, también llamado Contrato de Prestación de Servicio (CPS). En el que una empresa construye una prisión y después se hace cargo del mantenimiento, alimentación y la limpieza; empero lo interesante de esto es que los contratos privados obligan al Estado signante a pagar por el total de la capacidad de albergar reclusos y no sólo por los que se encuentran físicamente dentro de los recintos, luego entonces esto sería un brutal gasto para el estado de Puebla y se establece lo anterior tomando en consideración a que actualmente el Estado eroga aproximadamente 390 pesos que cuesta el mantenimiento de un interno dentro de una institución penitenciaria; sin embargo, la federación paga alrededor de mil 500 pesos por preso dentro de una cárcel privada.
De esta manera, parte de los impuestos de los mexicanos sirven para pagar 22 millones 692 mil pesos por el mantenimiento de seis cárceles bajo el sistema de contrato de prestación de servicios (CPS), o lo que es lo mismo cetros penitenciarios concesionados, derivado de lo anterior significaría que si el Gobierno del Estado de Puebla adoptara el esquema de contrato de prestación de servicios (CPS), que propone la cámara de la construcción, se generaría un interés en llenar estos centros porque, de todas formas, tiene que asegurar el pago completo y ello implicaría un traslado masivo de internos a esas instituciones penitenciarias lo que implicaría una vulneración a derechos humanos pues esas personas tienen el derecho constitucional a permanecer cerca de su domicilio, y eso no se respeta cuando se les traslada.
Otra situación que podría agravar la situación penitenciaria e impactaría el vapuleado sistema penal adversarial es que se generaría también el interés mezquino para tener más internos porque eso eleva la rentabilidad del negocio, consecuentemente habrá gente que busca que haya más encarcelados (empresarios privados), para construir más instituciones penitenciarias máxime que uno de los fines del sistema penal adversarial es que exista una tendencia de personas en prisión a la baja al favorecer con mecanismos alternos de resolución de conflicto previo a ligar a las personas a proceso; y también por la Ley de Ejecución Penal que tiene la finalidad precisamente de despresurizar las instituciones penitenciarias.
Pero al existir intereses económicos se usaría la cárcel de forma irracional lo que agravaría la situación de los internos, ya que estadísticamente se ha demostrado que en el estado de Puebla el 60 por ciento de las personas en situación de cárcel están por delitos que no son graves ni violentos.
Ahora bien, si tomamos como base los Centros Federales de Readaptación Social en manos de empresas privadas presentan índices de atropellos a los Derechos Humanos similares a los del resto de cárceles estatales.
Por otra parte, las comisiones de derechos humanos reportan que las cárceles privadas aparecen entre los penales con mayor número de quejas en relación a violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con Edna Jaime, directora de México Evalúa, hizo énfasis en que el modelo privado CPS se ha conformado como una puerta de atrás para que se cuele la corrupción a través de las obras de construcción y sugirió congruentemente que, en vez de construirse nuevos complejos, el Estado debería a los internos de mejor manera, con el debido respeto a sus derechos humanos, y garantizarles más espacio.
Ahora bien, el concepto de privatización de las instituciones penitenciarias pudiese ser viable y una buena opción si se implementara un sistema eficaz anticorrupción entre el gobierno y los particulares, aunado a que si se implementan industrias que les den trabajo a los internos y que les capaciten para el trabajo y paguen adecuadamente se pueden volver auto sustentables los centros penitenciarios, es solo cuestión de un adecuado análisis por expertos en áreas penitenciarias, económicas e industriales y un buena voluntad del Estado para hacer viable el proyecto de concesión a particulares de los centros penitenciarios y con ello generar recursos para el estado, para el particular concesionario y para la sociedad…
¡¡Lo anterior se tenía que decir y se dijo!!
Nos leemos la próxima semana!!
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