La vida, libertad, no discriminación, igualdad, derecho de petición, legalidad, certeza jurídica, debido proceso, son conceptos que tienen más que un fin poético en una carta de amor por un país, sino un compromiso por hacer realidad lo que el tintero plasmo.
Una carta, un pacto social supremo de la sociedad mexicana, donde se recogen los derechos y los deberes del pueblo; por ello nuestra carta Magna, como se conoce a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente nuestro país.
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Fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el federal, estatal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta.
Es el eje central de la vida jurídica de la Nación, que se encuentra en constante cambio, acorde con las necesidades que surgen en torno a la sociedad y a nuestra propia realidad, por lo que siempre impone las nuevas consideraciones a cumplir.
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Conformada por dos partes, conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los Poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado, con 136 artículos divididos en nueve títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos y 19 artículos transitorios, siendo el documento original albergado en el Archivo General de la Nación conocido como Palacio de Lecumberri.
Su interpretación corre a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional de México, quien tiene encomendada la importante tarea de erigirse como el máximo intérprete de la Constitución, de forma que la Carta Magna se convierte en el instrumento primordial en el cual se fundamenta su diario quehacer para la impartición de justicia.
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Por lo que cobra relevancia que no solo es una carta de buenas intenciones sino de una norma que deba cumplirse por sus destinatarios y que en estos tiempos se busca que se dude de su claridad ante fines políticos que buscan estirar el documento como lucha de su razón, pero ante todo impera su fuerza y su fin perseguido que es lograr un país con instituciones sólidas, derechos y libertades protegidos ante los arrebatos en este pacto social.
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