Los niños invisibles…

Buen inicio de semana tengan todos nuestros apreciables lectores…

En el universo de tratados y convenciones internacionales, mismas que salvaguardan los derechos humanos, existen algunos como el que surge en Beijín, conocido como las reglas de Beijín, las reglas de Belem Do Para, etcétera. Asimismo, dependencias como la Unicef, entre otras, mismas que salvaguardan los derechos de los niños niñas y adolescentes.

De todo ese cúmulo de dispositivos internacionales surge la premisa del “interés superior del menor”, misma que aparentemente no aplica para los niños “invisibles de la calle…”, y establezco lo anterior pues no nos resulta ajeno que en la gran mayoría de las calles y avenidas de nuestra urbe los carros transiten a toda velocidad.

Autobuses, combis y coches se detienen apenas un minuto ante el semáforo existente en la vialidad y no es raro ver un niño que aprovecha para sacar unas pelotas de sus bolsillos, hacerlas volar sobre su cabeza. Unos instantes antes del regreso de la luz verde pasea rápidamente entre los vehículos sin conseguir una sola moneda. Al preguntarle respecto a sus papas, con un movimiento de su cabeza señala hacia el camellón donde, bajo la apacible sombra de un árbol, sentado de encuentra un varón supervisando el “trabajo” del menor.

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Él es uno de los niños que vagan por las calles de Puebla, desempeñando una actividad que podría considerarse, según el prisma, explotación laboral. Un total de 208 mil 450 infantes de entre cinco y 17 años están habitando en el estado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de ellos, 103 mil 343 realizan un trabajo peligroso, la tercera cifra más elevada de todo el país.

El fenómeno no es nuevo. Casi una década atrás, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, o Unicef, posicionaba a Puebla como uno de los estados con mayor índice de trabajo infantil en su informe: Niños y niñas que trabajan en México: un problema persistente.

Otra imagen desgarradora es ver a niñas cargando a cuestas a bebes, deambulando entre los carros que atraviesan los bulevares, extendiendo su mano hacia los vehículos. La niña duda antes de decir su nombre, duda cuando explica de dónde viene –San Cristóbal de Las Casas, Chiapas- y duda, especialmente, al revelar su edad. Asegura que son 18 años, aunque no parecen más de 15.

La niña no se separa de su bebe, no va a la escuela y se disculpa varias veces con señas por no hablar bien el español. La deserción escolar es una de las peores consecuencias del trabajo, o explotación, infantil. En el estado 53 mil 962 niños y 55 mil 541 niñas –en total, casi 110 mil-, de acuerdo con información del INEGI, no recibe instrucción.

La indiferencia de los ciudadanos, pero sobretodos de las autoridades, perpetúa el trabajo y la explotación infantil. Mirar hacia otro lado, dar unas monedas o quejarse de los papás no acabará, señaló Bárbara Galarza, coordinadora estatal de la organización Save The Children, con el problema.

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Ahora bien, es necesario hacer una importante precisión, existen actualmente dos conceptos diferentes con respecto a los niños en situación de calle: el primero; niños en la calle y niños de la calle, según los informes de Unicef existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. El Universal, por su parte, publicó un artículo donde “Puebla es el tercer estado donde trabajan más niños en la calle”,

Segundo; un niño de la calle según la Unicef los define como:

“Niños y niñas menores de 18 años que están sin hogar, que tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, rotos por inestabilidad o desestructuración familiar, que hacen de la calle su hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia que viven (o sobreviven) en las calles”.

Comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra alternativa que luchar solos por sus vidas. Muchas veces crecen en estaciones de tren, aceras, parques, monumentos históricos, estaciones públicas de vías férreas, dentro de estaciones camioneras, en basureros, estacionamientos públicos, edificios o casas abandonadas o bajo los puentes de grandes ciudades.

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Por los conflictos de maltrato o pobreza que tienen con sus familias, estos niños no quieren o no pueden regresar a casa, todo ello sin omitir los peligros a los que se exponen los menores en la calle, pues más allá de los problemas legales, ellos se encuentran expuestos a riesgos como: violencia, robos, violaciones, prostitución, drogas, desnutrición, accidentes, enfermedades, asesinatos, son víctimas de trata de infantes, explotación y pederastia y quedando a merced de delincuentes que muchas veces se aprovechan de su infancia y su soledad, son personas que terminan finalmente vinculados con la delincuencia.

Son vulnerables porque sus necesidades vitales distan mucho de ser satisfechas; no asisten a la escuela, no poseen documentos, se alimentan de las sobras de los restaurantes o basura y duermen en las calles o plazas.

Y despectivamente son considerados como una “basura social” que hay que “limpiar” de la calle.

Son niños que la sociedad y el estado excluyen y se les niega sus derechos internacionalmente conocidos y que se consagran en los Art.19 de la Convención Americana, Art. 30 de la Convención de los derechos de los Niños y VII de la Declaración Americana, los cuales garantizan el derecho de los niños a medidas de protección especiales por parte de su familia, la sociedad y el Estado y lejos de disfrutar de un feliz desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, son condenados a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen disponible, esto es, las calles.

El respeto de los derechos de los niños y niñas se debería constituir como una acción total del Estado, en la cual se establezcan verdaderos programas que conduzcan al fomento de políticas públicas, en las que se abarque no sólo la legislación, sino también el presupuesto. El Estado tiene el deber de respetar y garantizar estos derechos que son universales, irrenunciables, indivisibles, imprescriptibles y jurídicamente exigibles, de tal manera que establezca condiciones de vida necesarias para que puedan ejercerse plenamente.

Al respecto, algunas autoridades o instituciones que los ayudan han podido rescatar a algunos, la mayoría decide salir a adelante pero muy pocos lo logran, debido a la enorme discriminación y el mínimo apoyo que tienen.

Indudablemente existen posibles soluciones a este fenómeno, pero para su posible solución de esta problemática es necesario un trabajo comunitario, donde intervengan no solo el Estado, sino también la sociedad. Por la parte del Estado deberá crear programas para rehabilitar a estos niños, constituirles albergues y casas hogares, donde se les pueda dotar de comida, educación, clases técnicas, becas, ayuda psicológica, y promover programas de adopción.

Asimismo la creación de fuentes de trabajo para este sector, pero además de ello, legislar de manera certera y efectiva para la creación de brigadas multidisciplinarias mismas que bajo la supervisión del DIF, al detectar algún menor que se encuentre en cualquier crucero de la calle procedan a llevárselo a una estancia alojamiento, donde se les provea todo lo necesario y se inicie el procedimiento legal de perdida de la patria potestad en contra de los padres que ubiquen a los menores en una situación de calle y los exploten laboralmente.

Aunado a las implicaciones penales que ello conlleve, destinar los recursos económicos de manera efectiva y certera, (no a los ninis, por ejemplo)… Que como sociedad, en lugar de discriminarlos, los ayudemos y les demos ese respeto y calor humano que se merecen, implementando hogares sustitutos que los salvaguarden y provean para cubrir sus necesidades afectivas, económicas educativas etcétera, todo ello en aras de privilegiar el interés superior del menor.