Keren Reyes/@keren_kelly
Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Esta debería ser la premisa de todo proceso penal, pero también de toda investigación al atender lo que refiere nuestra Constitución Mexicana en su artículo 21 en relación con el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se evidencia el quehacer de investigar el hecho de fondo y aportar los medios probatorios que den soporte a tal investigación, sin asumir una postura más que la de llegar a conocer realmente lo que ocurrió, sin embargo muchas veces se está ante el descuido de las partes sin siquiera intentarlo.
El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos y hallazgos en la investigación además tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen ante la omisión de realizar de manera diligente tal tarea; los Jueces de Control han impuesto en ocasiones sanciones e iniciado carpetas de investigación ante la paralización de su función investigadora.
El criterio, señalado recientemente por nuestro Máximo Tribunal, refiere que ante la omisión de actos requeridos al Ministerio Público debe agotarse el Control Judicial, se hace patente que ha sido reiterado el auxilio que se pide para llamar la atención de la autoridad a través del juicio de amparo ¡Pero qué necesidad de ello!
El problema es cuando el sujeto investigado está en la mira de la parte acusadora, perdiendo la veleta de la investigación, dejándose seducir por sus intereses o vendettas políticas sin que necesariamente se tenga el ánimo de llegar al fondo del asunto ni proteger al inocente, ni procurar que el culpable no quede impune.
¿Entonces qué se investiga: el hecho, al inocente o se encubre el delito para que no salga a la luz el acontecimiento real e intereses mayores queden descubiertos?
Lo anterior nos sumerge en una repetición de nuestros errores regresando a prácticas desleales basadas en triquiñuelas para tratar de entorpecer la investigación y generar mayores dilaciones y obstrucciones para encontrar la verdadera razón del por qué ocurrió tal hecho, aún si saliera a flote una fabricación para encubrir a los perpetradores del delito.
Trayendo como consecuencia la imposición de medidas cautelares que muchas veces se traduce en la restricción de la libertad y lo más duro, es que se dude de la inocencia y se justifique la negligencia.
Hablando derecho de derecho
