Roberto Vargas
En días pasados los poblanos amanecimos con una noticia que, a más de uno, debió cimbrar de pies a cabeza y a otros tantos mover a la reflexión, me refiero a la detención de aproximadamente 300 elementos policiales de San Martín Texmelucan; hechos que, para quien aquí escribe, lejos de causar un sentimiento positivo, son motivo de profunda reflexión y preocupación; les explico por qué.
Como primer punto, debemos de citar que vivimos en un Estado de Derecho, o por lo menos eso se supone (debiéndose entender lo anterior como un modelo de orden para el país y estados que lo conforman), por lo cual este se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenadas en torno de una CONSTITUCIÓN, la cual es el máximo fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta dicta.
Asimismo, es cualquier medida o acción que emprenda el estado debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos humanos.
Entonces, luego, saltan a la mente preguntas tales como ¿Es posible que los 136 detenidos se encontraban “laborando” sin ser realmente policías? ¿El Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, su cabildo, Síndico Municipal, Secretario de Seguridad Pública y demás funcionarios de dicho Ayuntamiento realmente fueron negligentes, ignorantes, indolentes en el proceso de contratación de elementos policiales? ¿Resulta verosímil que, la Fiscalía a estas alturas del período presidencial de Rafael Núñez Ramírez se dio cuenta de la impunidad en la que se desempeñaban los elementos policiales municipales? ¿Por qué San Martín Texmelucan fue intervenido por el estado y no otros lugares, como por ejemplo del triángulo rojo? ¿Realmente las detenciones de los policías se realizaron en estricto apego a derecho sin vulnerar Derechos Humanos? ¿Dónde quedaron las evaluaciones de control y evaluación de confianza? que dicho sea de paso deben ser supervisadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; pues los Ayuntamientos no son autónomos del todo en dicha materia, ello según lo prevé la Ley de Seguridad Pública Estatal.
Aunado a lo anterior ¿Cómo es posible que los referidos elementos policiales detenidos portaran armas (proporcionadas por el ayuntamiento) sin que las mismas estuvieran registradas y autorizadas por la SEDENA? en relación a esto ¿al Secretario de Seguridad Pública le era ajeno todo esto?
Estas, y mil preguntas más, se quedaran en el aire, sin respuesta lógica y verosímil por parte de la autoridad, a quien le correspondía supervisar, regular y en todo caso prevenir cualquier acto u omisión del Munícipe y su gabinete, que derivara en este hecho lamentable que, lejos de dejar a Puebla en una buena posición ante los ojos de los demás Estados de la República, ha sido blanco de críticas y escarnio de la sociedad cada vez más crítica del actuar de los funcionarios electos.
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Como segundo punto de reflexión, debemos poner sobre la mesa el actuar de todos los servidores que tienen a cargo la protección y seguridad de la sociedad, pues es innegable que, no obstante de encontrarnos ya avanzado el siglo XXI, con un sistema penal adversarial incipiente, en donde la participación de las policías resulta medular y de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos que la Ley prevé como delitos, nos enfrentemos a problemas como los que dieron origen a la detención de elementos policiales del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan referida en líneas anteriores.
Es grave que nuestros elementos policiales sigan a estas alturas siendo POLICÍAS DE OCASIÓN Y NO DE VOCACIÓN, pues cuántos ayuntamientos del Estado de Puebla tienen a todos sus elementos egresados de alguna Academia de Policía, que tengan adiestramiento efectivo, que se encuentren debidamente registrados en el sistema nacional de Personal de Seguridad Pública y cuenten con su Clave Única de Identificación Policial (CUIP).
Un tercer punto, de los múltiples que surgen derivados de este tópico de la Policía en Puebla, aterriza en los famosos controles de evaluación de confianza aplicados supuestamente a todo elemento que en el territorio Poblano, que se vean involucrados en la procuración de justicia, investigación y prevención de los delitos, pues visto esta que dichos controles resultan ser ineficaces para establecer quienes sí y quienes no deben “proteger y servir” a la sociedad.
Pues resulta innegable que lejos de sentirnos protegidos como integrantes de una sociedad por nuestras autoridades de seguridad pública, tenemos una sensación de impunidad y corrupción, pues quien no ha sentido temor y no un sentimiento de seguridad al tener una patrulla de alguna corporación de policía atrás de su vehículo.
No podemos negar que existen elementos policiales entregados a su profesión, no podemos generalizar que todo elemento policial es malo y corrupto, existen ejemplos de policías dignos de destacar, pero lamentablemente resultan ser esos “Garbanzo de a libra”. Y mientras ello no sea a la inversa donde los malos elementos sean los menos, nuestra sociedad seguirá sumergida en el pantano de la inseguridad…
¿O me equivoco?
¡Hablando derecho de derecho!
