El TSJE de Puebla en el ojo del huracán

Yván Vargas/ @LAWNAVY / @SIDECALI

¡Buen inicio de año y de semana a todos nuestros apreciables lectores…!

En días recientes nuestro estado se ha visto inmerso en uno de los peores momentos en cuanto a resultados expuestos por la labor de quienes integran el Poder Judicial, cuya función debiera ser la impartición de justicia, ya que es uno de los cometidos fundamentales de todo Estado de derecho, a grado tal que justifica su propia existencia.

Dicho ente debe garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía a través del debido proceso ajustándose a ciertos principios, citando algunos de ellos como el de probidad, legalidad, imparcialidad, honradez entre otros. En este rubro, nuestro estado a nivel social cuenta con un alto nivel de desconfianza en todos y cada uno de los citados principios; lo anterior radica en la problemática de ineficiencia de actuación del Poder Judicial en Puebla.

Todo lo anterior puede resultar cierto, empero ¿que tanto?…

En días pasados, en los medios escritos se ha publicado la nota periodística donde los miembros del Colegio de Jurisconsultos de Puebla A.C y del foro penalista piden a Héctor Sánchez renuncie como titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por sus negativos resultados en estado de derecho y la red de nepotismo en la que están vinculados los familiares de los jueces. Los denunciantes señalaron que, además de evaluaciones bajas en impartición de justicia, el Magistrado Presidente ha brindado protección a los funcionarios para que coloquen a sus parientes; por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Puebla negó las acusaciones que le imputó el grupo Abogados Organizados contra la Corrupción.

Sin embargo dichas imputaciones, según se sabe, no han presentado denuncia alguna ante las instancias correspondientes contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado o en contra de personal actuante perteneciente al referido Tribunal con la intención de que se les investigue.

Ahora bien, es dable hacer mención que, si son ciertas o no dichas afirmaciones, no se debe pasar por alto que el trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se puede mejorar si en realidad, como uno de los tres poderes que integran el estado, fuera cien por ciento INDEPENDIENTE, tanto en su forma de designación de magistrados y jueces y por ende de sus decisiones jurisdiccionales, así como contar con una autonomía económica y que esta sea suficiente para cubrir sus necesidades.

Citando por ejemplo el presupuesto que el Estado asigna para el cumplimiento de sus funciones, (0.6%) razón por la cual, en 2018 nuestro estado fue catalogado como la entidad con el peor presupuesto en materia de Impartición de Justicia por habitante, al contar sólo con 79.8 pesos del gasto presupuestado al Poder Judicial, 3.6 veces menos que la media nacional, que se ubicó en 293.9 pesos, según datos de la Consultoría Aregional.

Lo anterior a pesar del incremento del siete por ciento que tuvo el órgano judicial según lo establecido en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, pues este año se destinaron un total de 508 millones 705 mil 689 pesos al Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ) del Estado de Puebla, 33 millones 381 mil 406 pesos más que en el 2017.

En Puebla, durante el morenovallismo, el Poder Judicial fue sometido en todos los sentidos, tanto en su estructura como en su conformación y presupuesto, de ahí la necesidad de efectivizar la autonomía e independencia de la justicia, porque dentro de ella se contempla a un poder fuerte, capaz de garantizar el orden y la paz social y evitar la venganza privada.

Por otro lado, como ya se ha manifestado por parte de quien en esto redacta, independientemente de la cuestión económica, es prioritario que, tanto las designaciones de Magistrados como Jueces debiera ser a través de sufragio y no por designación del Congreso del estado para los Magistrados y por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y/o del Consejo de la Judicatura de los Jueces, pues todo ello resulta a la luz de los resultados de impartición de justicia muy “cuestionable”; citando al efecto la reciente designación de los nuevos jueces de control que el pasado día viernes acaeció.

Si dicha circunstancia ocurriera, con toda seguridad las imputaciones de nepotismo, corrupción, incompetencia de los togados se reducirían drásticamente y por otro lado se aprendería a hacer las cosas de manera jurídica y dejar de recurrir a los medios para evidenciar el incorrecto proceder de los funcionarios que, en algunos casos cuentan con una trayectoria intachable y con solo una afirmación carente de sustento, en un abrir y cerrar de ojos se va a la basura, haciendo añicos su reputación profesional, lo cual tampoco es lo correcto, no debiendo pasar por alto que ante una Litis habrá un vencedor y un vencido y normalmente quien resulta con un fallo adverso, busca a través de formas no jurídicas una revancha o desquitar su frustración.

Es incuestionable que en relación a la impartición de justicia hay mucho por hacer y mejorar, y por el bien de nuestro estado, ojala se haga algo, pero a la voz de ¡YA!

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