¡El seguro social a terapia intensiva..!

Keren Reyes/ @keren_kelly / @SIDECALI

¡Buen inicio de semana a todos nuestros apreciables lectores…¡

El artículo 4° de nuestra Carta Magna en su cuarto párrafo reza:

“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución…”.

En días pasados, entre otras notas nacionales, cobró realce la nota concerniente al desabasto de medicamentos en el Seguro Social, ante dicha circunstancia El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay desabasto de medicamentos en las instituciones de salud, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes, lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción se está ventilando el asunto”, aseguró durante su habitual conferencia mañanera.

Sin embargo, el mandatario se deslindó, argumentando que antes no había control sobre el Sistema Nacional de Salud, el cual estaba peor que el educativo debido a la corrupción existente en ese entonces, empero en este sentido se comprometió a hacer cumplir el derecho a la salud, mandatado en el artículo 4° de la Constitución, refiriendo:

“…me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud. Lo único que quiero es un poco tiempo porque dejaron en ruinas el sistema de salud…”.

Es en este punto donde debemos referir que es cierto que desde pasadas administraciones el Seguro Social ha venido padeciendo serios problemas económicos, administrativos y demás que inciden en desabasto de medicamentos, falta de personal médico y de enfermería, y demás recursos necesarios para una adecuada atención y servicio a los derecho habientes, pero atreverse a afirmar que el sistema de salud que implementara será similar al que se tiene en Dinamarca, creo va más allá de una afirmación digamos bien intencionada, y analicemos por qué.

Hace un mes, el presidente López Obrador determinó vetar a tres empresas que proveen de medicinas al gobierno federal: Grufesa, Dimesa y Maypo, ante la presunción de que realizaban prácticas monopólicas. Sin embargo, nadie le advirtió que esa decisión podría provocar un desabasto que repercutiría directamente en la salud de pacientes que requieren medicamentos, sobre todo los antirretrovirales. Y así sucedió.

El viernes 3 de mayo el mandatario tuvo que recular y acordó con dos de esas empresas la provisión de fármacos de suministro inaplazable. El daño, sin embargo, ya estaba hecho, pues los recortes al presupuesto del sector salud, también impactaron en la de por sí existente falta de médicos y enfermeras, reducción de apoyos a pasantes e incluso la cancelación de aire acondicionado, se han extendido ya a hospitales de 24 estados.

Ahora bien, es importante referir que medios nacionales han publicado la información que la Secretaría de Hacienda tiene retenidos cerca de mil 363 millones de pesos que deberían destinarse a medicinas y a las mejoras al servicio. Además, también tienen detenido el pago de los salarios de los delegados del IMSS en los estados, los recursos para las obras y hasta lo necesario para pagar los adeudos con proveedores.

Datos oficiales indican que con el arranque de gobierno de AMLO se dieron de baja 10,585 funcionarios públicos. Específicamente en el IMSS, en diciembre anunciaron que habría recortes de personal. Para el caso Puebla, (sin excluir a los demás estados), tiene serios problemas que repercuten en la sociedad derechohabiente de esta loable institución, pues no olvidemos que tras el pasado sismo del 19 de septiembre nuestro Estado perdió el hospital de San Alejandro, uno de los hospitales del seguro social que daban servicio a un gran número de poblanos y que supuestamente sería reemplazado por el edificio en obra negra conocido como CIMA; sin embargo a dos años de distancia no se ha visto el más mínimo avance al respecto y mientras tanto el hospital de la Margarita, está más allá del colapso, y ni hablar de la cuestión del dinero que se necesita para cubrir las cuestiones atinentes a las pensiones y jubilaciones.

Es lamentable que las autoridades desconozcan que el derecho a la salud es un derecho humano y que en lugar de tratar de salvaguardarlo, lo conculcan, importándole poco que además de ser una exigencia prevista en la Constitución, se encuentra también prevista en distintos tratados y convenciones internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, ya que los suscribió y ratifico.

Parece que al presidente le interesa más el utilizar recursos económicos para apoyar a los denominados ‘ninis’ que al resto de la población que realmente necesita echar mano de los servicios de salud, citando por ejemplo los servicios de neurología, cancerología, cardiología y demás servicios médicos y de urgencias; es decir, con ese actor de recorte presupuestal está enviando al Sistema de Salud Mexicano a terapia intensiva, de donde, como vamos saldrá directo a la tumba…