Keren Reyes/ @keren_kelly
En 2015 INEGI considero a Puebla en el décimo lugar a nivel nacional por decesos de mujeres, actualmente dicha situación ha variado y no de manera plausible, sino que se encuentra deshonrosamente en la lista de estados con mayor índice de mujeres que han perdido la vida, que como estadística no podemos permitir sigan acrecentándose.
En nuestro estado se han presentado numerosas muertes que han recaído en feminicidios (figura multipeticionada, como mencionaba la entrega de la semana pasada de esta columna); sin soslayar el hecho de la captura de diversas bandas delictivas que se dedicaban a privar de la vida a mujeres no sin antes ejercer sobre ellas violencia física y sexual y que decir de las muertes de las dos líderes políticas.
El feminicidio es un delito sancionado en el ámbito local y federal con una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, no obstante de lo anterior no se encuentra colocado en los delitos que ameriten prisión preventiva del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia refiere principios que deben regir para el acceso a una vida libre de violencia, siendo la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres, previniendo, sancionando y erradicando la violencia contra las mujeres, y favorecer su desarrollo, ademas de promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, contribuyendo a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, realizando todas las acciones necesarias a fin de proteger y ejercer a plenitud los derechos humanos.
Lo anterior parece una esponsal entre el Estado y la sociedad que la deja en zozobra al esperar si cumplira o no con ella y tristemente se ve olvidada.
Por otro lado, no se han atendido tratados internacionales que México ha suscrito para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer pues no basta con capotear el problema con aumentar las penas de ciertos delitos por política criminal sino que deben existir medidas de protección eficaces no solo por cuestión de género, pues el varón y la mujer son iguales ante la ley sino porque nuestra sociedad necesita y merece vivir en paz.
Puebla no puede ser de los feminicidios, sino de hombres y mujeres que quieran vivir de manera libre sin violencia y con oportunidades de desarrollo en cada uno de los espacios en que actúan. Diversos actores políticos y sociales han solicitado al Gobierno Federal se active la alerta de violencia de género en Puebla, la sociedad así lo reclama al perturbar la paz social. Cabe hacer mención que en 2017 la resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Puebla 07 de julio de 2017 en su segundo resolutivo refiere lo siguiente:
“Por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla. No obstante lo anterior, en un periodo de seis meses la Conavim valorará las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal, hasta el total cumplimiento de las mismas”.
Desde entonces ha transcurrido casi un año sin que exista una publicación de seguimiento de las acciones que ejecutaría el Estado.
¿Estamos ante una problemática jurídica, política o social?
Fotos: Wall Street International Magazine