Iván Tirzo/ @TirzoIvan
El 11 de septiembre de 2018 le di a conocer en este espacio un caso de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a unas semanas que culminara el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
El caso está relacionado con funcionarios de la delegación en Puebla, quienes recibieron luz verde de la Dirección General del IMSS, a cargo en ese entonces de Miguel Tuffic, para descongelar las cuentas bancarias de empresarios libaneses de apellido Miguel quienes hasta ese momento -se sabía- debían 25 millones de pesos por concepto de cuotas patronales.
El área de comunicación social de la Dirección General respondió a este reportero que las cuentas no se iban a descongelar y reveló que el monto del adeudo no eran 25, sino 27 millones de pesos.
Un mes después de esa publicación las cuentas fueron liberadas a los empresarios quienes no pagan cuotas patronales desde el año 2004, por varias empresas textileras que tienen en el estado Puebla.
Este caso de corrupción está documentado, solo es cuestión de voluntad, que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer el mega robo en Pemex, ordene revisar el caso Puebla.
Y si no es él, para eso están sus colaboradores Germán Martínez Cázares, actual director general del IMSS, y el súper delegado en Puebla, Rodrigo Abdala, para que ellos pidan copias de este caso.
Este atentado contra las finanzas del Seguro Social desprotege a decenas de trabajadores de las fábricas textiles, quienes carecen de esta prestación laboral desde hace 15 años.
La protección a los Miguel tiene una amplia red de funcionarios coludidos que desfilaron por la delegación y la Dirección General en el sexenio de Peña Nieto.
En Puebla, entre los implicados está el michoacano Juan José Escalera quien en 2013, como titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza en la delegación del IMSS, concedió un convenio de 60 meses a los libaneses para que pagaran el adeudo millonario.
El plazo llegó a su término en el segundo trimestre de 2018. Tras el incumplimiento de pago, Antonio Bello de Ita, jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Puebla Sur, debió hacer la gestión de la recuperación del adeudo, a través de la aplicación de la garantía que en su caso era “toda la negociación” tal como se evidencia en el expediente de convenio que existe en los archivos de la Subdelegación.
Esta red de corrupción implica a Rodolfo Reyes Coria (delegado en Puebla de 2013 al 2016) y a su jefe de Servicios Jurídicos, Alejandro Minor (quien por cierto hoy en trabaja en Pemex). Ellos fueron los primeros coludidos al otorgar un convenio de 60 meses para no recuperar un solo peso a favor del Seguro Social.
El problema lo heredaron a quienes llegaron después. En este largo expediente aparece el nombre del subdelegado de Puebla Sur, Marco Erick Montero, titular de la Jefatura de Afiliación Cobranza, quien cometió algunas omisiones en los trámites.
Uno más en esa lista es Marco Antonio Flores, titular del Departamento Jurídico en 2018, quien permitió que feneciera el tiempo de ordenar una investigación contra todos los involucrados.
En septiembre, cuando en esta columna se dio a conocer el adeudo millonario, para ocultar el caso de corrupción sacrificaron a Enrique Chávez Estudillo, a quien despidieron de la Jefatura de Afiliación y Cobranza.
Sin embargo, los documentos existentes prueban que quien liberó las cuentas de los libaneses fue Antonio Bello, las cuales fueron congeladas en el segundo trimestre con apoyo del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por supuesto que para la liberación, los funcionarios locales recibieron la venida de la oficina de Miguel Tuffic, no sabemos si directamente de él o de sus colaboradores más cercanos, pero esto fue autorizado desde la Dirección General del IMSS.
Ahí están algunos nombres, solo es que quieran castigar esta indulgencia en la que seguro hubo moches para favorecer a los textileros.