Quienes ya no ven la suya son 100 trabajadores de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, la cual depende de la Secretaría de Gobernación de Fernando Manzanilla.
Desde hace un mes les adeudan salarios, pero ellos continúan laborando normalmente en la organización de talleres y capacitaciones.
Los trabajadores son víctimas de sus jefas quienes cobran puntualmente sus sueldos y a ellos los amenazan que si continúan con los reclamos los van a despedir.
A Raquel Medel quien es la subsecretaria de Prevención del Delito los trabajadores la ven platicando todos los días con sus amigas que venden Herbalife. Por cierto, ella aspiraba a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
A la directora del área Alma Delia González ya no pueden acercarse porque les contesta con groserías que no hay dinero.
Los afectados aseguran que la función de sus jefas es firmar convenios con ayuntamientos para llevar talleres sobre prevención del delito y defensa de derechos humanos a los municipios.
Los gobiernos municipales pagan por esos talleres, pero desde hace meses las servidoras públicas no han concretado convenios, por lo tanto no hay dinero.
Lo que sucede en la Subsecretaría es una incongruencia, las mandamases promueven los derechos humanos pero no respetan las de sus trabajadores. Hay 100 familias que dependen de esos salarios.
En esa situación se encuentran empleados de 25 centros integrales, de los cuales existen dos personas por centro, más la gente que se encuentra en el área administrativa (en el CIS); son dos personas por centro: coordinador y subcoordinador. El coordinador gana 15 mil al mes y el sub coordinador 10 mil pesos mensuales.
Los afectados quieren acercarse al gobernador Miguel Barbosa para darle a conocer la problemática, pero no pueden hacerlo, porque si salen en horarios de trabajo los corren.
Saben muy bien que el gobernador es un defensor de los derechos humanos, por lo que piden su intervención para poner orden en la Subsecretaría.
