¿Qué tanto no le cuadró en materia de rendición de cuentas al gobierno de Claudia Rivera que en 2020 derrochó 4.7 millones de pesos en la contratación de una auditoría externa?
El ‘sospechosismo’ surge porque el año anterior solo pagó 23 mil 72.2 pesos por el mismo concepto. Los números están en la página de transparencia del Ayuntamiento de Puebla y reflejan un incremento de 2 mil 400 por ciento por este servicio.
El contrato en 2020 fue otorgado al Grupo Consultor SIGE SC, cuya representante legal es Luz María López Flores, cuyo propósito fue dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios, por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al uno de diciembre de 2020.
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En este contrato están involucrados la exsecretaria general Liza Aceves y el contralor municipal José María Sánchez Carmona, como representantes de la ahora alcaldesa con licencia.
En 2019 el contrato fue con el despacho Mazars Auditores administrado por Gilberto Torija por un monto de 23 mil 722.22, pesos para dictaminar el ejercicio fiscal 2019.
La contratación de un despacho externo, es previo a entregar la documentación fiscal a la Auditoría Superior del Estado, que es la que revisa las cuentas públicas del municipio.
Tal parece que detectaron irregularidades por montones en las dependencias, que debieron pagar 4.7 millones en 2020. ¿O será que adjudicaron contratos a más empresas fantasmas como es el caso de Atelier Geometrique?
En MTPNoticias dimos a conocer que Atelier ha utilizado dos domicilios fiscales, uno en avenida Nacional 1 en colonia San Juan en Amozoc y otro en Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula y en ninguno de los dos existe. Pese a ello le adjudicaron el servicio de barrido mecánico por 64.9 millones de pesos.
No hay una justificación del porqué salió más caro contratar el despacho externo en 2020 que en 2019, solo la gente de Claudia y la presidenta con licencia tienen sus motivos.
Por cierto que no fue el único contrato que el gobierno de Claudia Rivera otorgó a Grupo Consultor SIGE SC, pues en 2019 le concedieron uno previo por 920 mil pesos por sus servicios profesionales para emitir dictamen de la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos, para el ejercicio fiscal 2018.
En fin, tarde o temprano todo sale a la luz pública.
