Todos estamos de acuerdo en que la corrupción es el origen de muchos males del país y que los corruptos, al menos uno que otro representativo, deben pagar con cárcel.
Es un hecho que mientras más se castigue la corrupción en México, la sociedad tenderá a moralizar su conducta y la clase política también se verá obligada a moderar sus ambiciones de dinero. En síntesis, todos ganamos con el combate a la corrupción y en esa tarea debemos apoyar al gobierno.
A la luz de los últimos acontecimientos me pregunto si la 4T utiliza al combate a la corrupción como un recurso político o persigue en forma genuina la aplicación de la justicia.
La diferencia es sutil pero significativa, lo explico. Vivimos tiempos en los que la sociedad tiene más acceso a información que nunca antes. A pesar de que gran parte de esa información no es procesada por los ciudadanos, la mayoría son capaces de leer las intenciones detrás de los hechos.
El mensaje que resulta de emprender acción penal contra algunos personajes en condiciones de cierto abuso de autoridad se convierte en una licencia para la arbitrariedad, licencia que solo pueden usar aquellos que estén “del lado correcto de la historia”, es decir, del lado de la supremacía moral de la 4T.
Así, los límites de la Ley pueden rebasarse o interpretarse según el interés particular y eso abona a que la norma se vuelva relativa en la conciencia del pueblo.
Si el objetivo de la 4T es moralizar a México y erradicar la corrupción de nuestra historia, entonces debe hacer justicia a secas, sin usarla para distraer la atención en coyunturas difíciles para el gobierno; sin valerse de recursos que den lugar a sospechas como el utilizar a un juez poco idóneo por su parentesco con alguna figura relevante de la 4T y que este se valga de fórmulas ‘legaloides’ para llevar a prisión a un enemigo de su pariente, como fue el caso de Rosario Robles y su conocida enemistad con Dolores Padierna.
Y sí, el juez que dictó prisión preventiva a la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Peña Nieto es sobrino de Dolores Padierna, quien a su vez es esposa de René Bejarano el implicado en aquel video que le dio el mote del “señor de las ligas”.
En ese penoso caso también estuvo involucrado Carlos Ahumada, el empresario argentino detenido por la policía de aquel país a petición del gobierno mexicano y liberado por un juez local hace apenas unos días.
Es demasiada coincidencia que en la misma semana se le dicte prisión preventiva a Rosario Robles y se detenga a Carlos Ahumada, ambos personajes eran pareja cuando este último grabó el video donde aparece Bejarano llenando las bolsas de su saco con fajos de billetes.
La degradación moral que impulsa a la corrupción proviene del seno de la sociedad, se gesta en el interior de las familias y es consecuencia del sistema de valores que tenemos los mexicanos. A pesar de que el pueblo es bueno también es cierto que la bondad se pervierte.
Durante la llamada “época neoliberal” el país perdió referentes colectivos que significaran una fuente de moral o de cultura cívica. La 4T quiere rescatar algunos referentes históricos para construir una nueva ética ciudadana y está muy bien que lo intente, pero su proyecto fracasará si persiste en cobrar venganza o encubrir sus propias insuficiencias pretendiendo hacer justicia.
Me interesa entender por qué si la corrupción es consecuencia de nuestro sistema de valores, nos alegra tanto que metan a la cárcel a los corruptos. Me pregunto qué hay en la mente de millones de mexicanos que todos los días cometen pequeños actos de corrupción (que si pudieran cometerían grandes actos de corrupción), y esos mismos mexicanos vitorean al gobernante que mete a la cárcel a un político corrupto.
Parecería que con alegrarse quedasen exonerados y en automático sus pecados fuesen absueltos. También podría ocurrir que el sacrificio de algunos corruptos sirviera para expiar los pecados de una sociedad corrompida y al mismo tiempo es una salida que justifica las insuficiencias del propio pueblo.
Siempre será más cómodo culpar a otro que asumir la parte de responsabilidad que uno tiene ante los problemas que le aquejan.
Algunos de ustedes, amables lectores, estarán en franco desacuerdo con lo que afirmo, dirán que ustedes son probos, castos y puros, y yo les creo, pero para poner el dedo en la llaga y documentar lo que afirmo, me propuse desde el 2017 incorporar en los cuestionarios de las encuestas que levantamos, algunas preguntas relacionadas con el sistema de valores y la tolerancia a la corrupción del pueblo de México.
Sucede que abiertamente la tercera parte de los encuestados acepta que los gobernantes sean corruptos si es que trabajan o apoyan; un poco más de la mitad afirma que denunciaría los actos de corrupción de los gobernantes (aunque solo lo hagan de vez en cuando y en Facebook), mientras que a una sexta parte no les importa lo que hagan los gobernantes.
En números gruesos, la mitad de la población es tolerante a la corrupción de los gobernantes y la otra mitad la rechaza.
Si la mitad de los mexicanos tolera la corrupción de los gobernantes ya sea porque no les importe lo que hagan o la condicionen a que estos “trabajen” o “apoyen”, ahí está el germen de la corrupción en México: millones aceptan que les roben a cambio de algo, así como millones aceptan que les mientan, pero con bonitas palabras.
Aceptar que un político se lleve “un moche” a cambio de que haga obras, controle la delincuencia o entregue ayudas sociales es la doble moral que engendra a la corrupción en el seno de la sociedad. Aquí está el problema de convertir en relativos los límites establecidos por la Ley, se tergiversan los linderos del bien y del mal según convenga.
La historia dirá si la 4T logró el cometido de moralizar al país o simplemente incitó la ira del pueblo para ganar elecciones y mantenerse en el poder. Un día sabremos si se hizo un uso político de la justicia o realmente se transformó el sistema de valores de los mexicanos.