La situación del país es mucho más compleja de lo que el optimismo oficial nos ofrece cada mañana en conferencia de prensa. Las expresiones “vamos requetebien”, “el pueblo de México está feliz, feliz, feliz”, y la salida acostumbrada “yo tengo otros datos”, demuestran que el naciente régimen está empeñado en conservar arriba el ánimo social a como dé lugar.
Algunos amigos me dicen que estoy demasiado pesimista frente al gobierno y que lo mío es enfermizo. Ante su señalamiento les digo que nunca les he quedado mal con mis pronósticos y que hasta el momento el presidente López Obrador ha trabajado como les anticipé que lo haría. Entonces les hago las siguientes preguntas:
¿Qué pasaría en México si el humor del pueblo se torna pesimista? ¿Qué debe ocurrir para que el pueblo comience exigir al gobierno por la violencia, la delincuencia, el desempleo y el estancamiento económico imperantes? ¿Cuánto tiempo necesita la 4T para consolidar el andamiaje legal e institucional que la sostenga en el poder a pesar de los magros resultados? ¿Son las elecciones del 2021 el límite requerido para consolidar al régimen? ¿El apoyo al presidente López Obrador es suficiente para que MORENA pueda ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y legitimar las reformas que necesita la 4T? ¿Por cuánto tiempo la corrupción del pasado será un recurso político eficaz para salvar al gobierno cuando el escenario se le complica? ¿La oposición tiene la fórmula para echar abajo la confianza popular en la 4T, sino quién la tiene? Las anteriores son preguntas que nadie puede responder a ciencia cierta.
Lo malo no es que sean preguntas sin respuesta, lo que parecería más grave es que casi nadie se cuestiona seriamente como ser oposición al nuevo régimen. Los partidos tradicionales están concentrados en pugnas internas y no pueden o quizá prefieren negociar antes que tomar posiciones desde donde cuestionar las decisiones del gobierno. Los esfuerzos opositores vienen de la sociedad civil a través de la Suprema Corte, ese ha sido el único camino eficaz para detener temporalmente algunos proyectos de la 4T.
Sin embargo, el amparo es un recurso limitado y no alcanza para reconstruir la confianza de los inversionistas en el país, ni para detener la ola de asesinatos, robos, secuestros y feminicidios que azota a México. La Suprema Corte no puede obligar al gobierno federal a promover la actividad económica mediante el ejercicio del presupuesto, tampoco está entre sus funciones el compensar la incompetencia de gobernadores como Cuitláhuac García en Veracruz, Cuauhtémoc Blanco en Morelos o la de decenas de presidentes municipales bisoños, incapaces, frívolos y corruptos. No hay manera de ganar un amparo en contra del cero crecimiento económico, ni contra las mentiras y verdades a medias que nos recetan cada mañana desde el púlpito oficial, y menos para obligar que las reuniones del gabinete de seguridad a las 6 de la mañana tengan algún resultado en contra de la delincuencia.
El único camino para lograrlo es la política. Y en algo tiene razón el presidente López Obrador al señalar que la oposición está derrotada moralmente, porque para oponerse es preciso tener autoridad moral. En otras palabras, de momento no hay quien pueda ser una oposición política real al presidente de la República.
Sin embargo, el camino lo está dictando el propio presidente. Lo que cuida como la niña de sus ojos es la confianza en su gobierno y en el país, la defiende con arrebatos retóricos no con trabajo y menos con una estrategia. Si alguien quiere cosechar algo en las elecciones del 2021 debería de comenzar a probar por ahí, no contra López Obrador, sino a favor de la incertidumbre que tenemos gracias a la delincuencia que no cede, la economía que no arranca y un gobierno que no se da cuenta.
Los acontecimientos ocurridos en Cualiacán donde las fuerzas federales se vieron superadas y obligadas a entregar a Ovidio Guzmán, hijo del líder del cartel de Sinaloa, puede ser el punto de inflexión en la popularidad del régimen. Veamos algunos aspectos de este lamentable hecho:
1. El “operativo” contra el chapito se hizo en cumplimiento a una orden de aprensión de un juez de los Estados Unidos, no es consecuencia de una política del gobierno mexicano. La orden vino de Trump para ser más claros.
2. El “operativo” lo hizo la Guardia Nacional, sin experiencia en esta clase de trabajos contra capos muy bien armados.
3. El “operativo” salió mal porque se planificó mal y se ejecutó aún más mal ¿Por qué no participaron la Marina o el Ejército si cuentan con mayor experiencia?
4. El chapito y su cartel de Sinaloa doblegaron al gobierno, le ganaron la batalla y le obligaron a dimitir de su intento de llevar a Ovidio ante un juez de los EE.UU.
5. La llamada de AMLO a Trump fue para explicarle lo sucedido porque seguramente el presidente norteamericano ya había sido enterado de que irían contra el capo y ahora había que darle alguna explicación.
6. Si el acuerdo telefónico con Trump sobre el control de armas en la frontera se hace después de lo ocurrido en Culiacán, resulta tan ridículo como pedirle al médico una quimioterapia para alguien que murió de cáncer.
7. Este gobierno federal en los hechos sí le concedió amnistía a la delincuencia organizada, no los persigue y su nuevo ejército privado (la Guardia Nacional) no está, ni estará preparado para combatirle. Recordemos que López Obrador considera “niños de pecho” a los narcos.
8. La reacción del cartel de Sinaloa fue aún más violenta y efectiva ante la detención del chapito que en las múltiples detenciones del Chapo (su fundador y líder) ¿Por qué? ¿Quién les avisó?
9. A este gobierno no le interesa combatir a la delincuencia organizada, ni a la delincuencia callejera, ni mejorar la economía, ni nada que no sea acumular poder político. Estará en las prioridades del presidente de la República todo aquello que sea funcional a acrecentar su poder, lo demás no le interesa. Por eso la llamada a Trump, porque hay que mantenerlo tranquilo y darle una salida “política” al operativo fallido de Culiacán.
