Nathaly Rodríguez Sánchez
Como bien lo señaló la teórica estadounidense Kate Millet (1969) y después complementaron la jurista Catharine MacKinnon (1989) y la antropóloga mexicana Marcela Lagarde (2021), «lo personal es político y lo político es personal».
Por fruto de la primera parte de esa aseveración podemos reconocer que toda relación social, incluso las que podríamos pensar como más íntimas —por ejemplo, las referidas a la sexualidad o a los afectos— están atravesadas por situaciones de poder estabilizadas en un sistema de dominación más amplia.
Para muestra pensemos en cuánto influyen en nuestras decisiones cotidianas las nociones que determinan lo normal y lo anormal en los contextos que habitamos.
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Así, en eso que parecería más confidencial y hasta secreto vemos que están dispuestos muchos ojos vigilantes, incluidos los propios, que han sido educados para mirar de cierta forma, que observan el cumplimiento o no de necesidades/reglas económicas, demográficas, de filiación religiosa, etc. y que están dispuestos a la censura.
Claro está, y hay que advertir esto para no pensar en una imposible opción de resistencia, esos ojos tienen la intención regulatoria pero diversa suerte en el cumplimiento de su objetivo.
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Lo personal pues está atravesado, aunque no sobredeterminado, por las decisiones tomadas para la vida en una colectividad y permanece rebosante de relaciones de influencia o determinación de otros.
Observar la regulación imperante, develarla en el cuerpo y las emociones y enunciarla para desmantelarla, se convierte entonces en una fuente de liberación personal y causa política.
Ahora bien, y tal vez como un acto que sigue a esa primera constatación de la forma en que los acuerdos socioculturales atraviesan nuestra subjetividad, y llamando a la organización y acción en el espacio público para desestabilizar o destruir las más gravosas, con la segunda parte de la afirmación en comento (lo político es personal) se nos llama a vislumbrar que en las instituciones políticas se pueden asentar como “objetivas”, en tanto nacidas del consenso mayoritario, a normas que favorecen a determinado grupo y limitan o mutilan nuestras experiencias.
Son triste ejemplo de ello las normas culturales con marca de exigencia de “lo natural” para todos los seres humanos pensadas desde la vivencia de los varones o de la heterosexualidad.
Por fruto de esa invitación se pone en jaque la visión de la ley, de los instrumentos de gestión pública y de los lineamientos culturales, como tersos acuerdos que reflejan la etérea voluntad colectiva y quedamos en sobre aviso de las relaciones de poder que éstas favorecen y reproducen.
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Semejante visualización no nos dejará incólumes, al menos no a todas las personas que han ejecutado el ejercicio.
Éste nos convoca a implicarnos en el debate y en la organización de la cosa pública para desestabilizar en ella los sesgos naturalizados, por ejemplo, aquellos relacionados con los roles sociales que supuestamente nos corresponden realizar de acuerdo con nuestro sexo biológico o con el lugar social que se nos asigna por fruto de él.
En última condición, al reconocer el mecanismo articulador del orden social, que se nos filtra aún en casa y en ese atolladero de lo íntimo, entendemos que lo político no puede ser el reino de los políticos profesionales.
Nos han hecho creer en tal falacia, apartándonos de la posibilidad de poner a debate, y en remodelación según corresponda, lo que impone linderos a nuestra experiencia personalísima.
Las decisiones público-políticas tienen incidencia, con diferentes niveles de impacto y de tiempos, en eso que nos pasa en las relaciones de sujeto a sujeto y también en la experiencia más íntima, más individual o hasta inextricable para otros, y por ende nos reclama en interpelación de lo creamos para nuestra libertad subjetiva.
Académica Investigadora de la IBERO Puebla y miembro, nivel I, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México.