Una situación que tiene muy preocupados a trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) Puebla, es que su presidente, José Félix Cerezo, se estableció como meta emitir 40 recomendaciones en este 2023 contra el gobierno estatal y municipales.
Está claro que la función del organismo es investigar –ya sea por queja o por oficio– casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en la entidad y en su caso, emitir alguna recomendación a favor de la víctima, como una indemnización.
Sin embargo, esto no es lo que realmente le interesa a este personaje, pues él únicamente se fija en los números, y su meta en este año es rebasar las 32 que se emitieron en el 2022, porque cree que esto le abonará en la carrera política que quiere emprender rumbo a la elección del 2024.
Resulta que en su programación anual, calcula que sean 40 las recomendaciones, de un total de 700 quejas que, cree, le dará tiempo atender. No tendría nada de malo que busque velar por los derechos de los poblanos, sino fuera porque lo hace con fines electorales.
En su mente está –según los propios integrantes de su equipo– promover su carrera política a nivel nacional y poder decir: “vean, estoy trabajando. Llevo tantas quejas atendidas y tantas recomendaciones”, sin importar si los casos tienen sustento para indagarse como tal o no.
Solo piensa en que eso será su carta de presentación para buscar una candidatura por Morena.
Lo que ha hecho es pedir a los empleados salir a buscar quejas, y si faltan elementos para que sean tomados en cuenta como violatorios a los derechos humanos, se inflen los hechos, cosa que no debe ser permitida.
Tolerar que esto ocurra únicamente dejaría mal a Puebla, pues se convertiría en un estado violador de los derechos humanos, aunque no negamos que hay funcionarios públicos que abusan de su poder, en agravio de los ciudadanos.
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Lo que pasó en la reunión de panistas con el gobernador Sergio Salomón
De nada sirvió que la presidenta del PAN, Augusta Díaz de Rivera ensayara con coordinadores de diputados federales, locales y de presidentes municipales el discurso que daría cada uno en la reunión que se realizó este sábado 11 de febrero con el gobernador Sergio Salomón Céspedes si a la mera hora, se les olvidó e improvisaron.
A ella por ejemplo, le tocaba solicitar un freno a las detenciones políticas, pero se le fue y únicamente agradeció el acercamiento que se dio, y fue el coordinador de los legisladores a nivel local, Eduardo Alcántara quien habló de eso: solicitó al gobernador revisar cada una de las carpetas de investigación que existen para no “perseguir” a panistas “inocentes”.
No se tocó algún caso en particular. Fue muy general en aclarar que el PAN no pedía impunidas pero sí, la aplicación justa de un debido proceso.
Carolina Beauregard que representa a lo diputados federales, solicitó presupuesto para el mantenimiento de obras morenovallistas como el Tren Puebla- Cholula, La estrella y los parques. Sin embargo, únicamente evidenció que no sabe qué ocurre en Puebla, ya que sí hay partida para rehabilitar espacios públicos en este 2023.
En su intervención, Eduardo Rivera Pérez, presidente de Puebla capital, pidió coordinación para seguir realizando acciones por los ciudadanos y entregó una carpeta con proyectos en obras por al menos 105 millones de pesos.
