¿Te imaginas ser encarcelado por robar para alimentar a tus hijos y que por falta de dinero no tengas acceso a un abogado que te defienda y tu caso se archive y pases años y años en prisión?
No se sabe el número exacto de personas que actualmente están en estas condiciones en Puebla, pero pronto estarían entre los beneficiados si se aprueba la Ley de Amnistía que propone el gobernador Sergio Salomón Céspedes.
La iniciativa de ley ya la envió al Congreso local el pasado 22 de agosto y se espera que sea aprobada en una sesión extraordinaria antes del 14 de septiembre que acaba esta legislatura.
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A grandes rasgos, el gobernador propone perdonar delitos del fuero común a personas de grupos vulnerables como indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad o en extrema pobreza, siempre y cuando sea la primera vez y lo hayan cometido sin violencia.
Los últimos datos que se tienen de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es que en todo el país hay seis mil 698 presos indígenas que cometieron delitos menores, de los cuales, 940 —896 hombres y 44 mujeres— están en Puebla.
Según este último estudio que se realizó en 2017, la entidad poblana ocupa el primer lugar en tener a personas privadas de la libertad, de este grupo vulnerable.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también recabó datos en 2023, pero solo de manera general, sin desglosar los estados, mismos que dan cuenta que en todo el país, hasta finales de 2022, eran siete mil 506 presos, siendo de la comunidad náhuatl los más castigados.
En este 2024, se cumplieron cuatro años de la Ley de Amnistía que impulsó en México el presidente Andrés Manuel López Obrador, y recordemos que la primera beneficiada fue una mujer que fue obligada a transportar marihuana para salir de la pobreza en la que vivía. Dejó la cárcel el 21 de abril de 2021, y así fueron saliendo otros presos que cometieron delitos contra la salud, ya sea obligados por el crimen organizado, por sus parejas o por verse en la necesidad por vivir en extrema pobreza.
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Este es un pendiente que tiene Puebla con los derechos humanos y se ve que Sergio Salomón no se quiere ir sin antes solventarlo, pues 14 estados han adecuado sus leyes a la federal para excarcelar a quienes siguen presos de manera injusta.
En su propuesta de Ley de Amnistía, el gobernador plantea dejar libres a estas personas e incluso a presos políticos que no hayan sido acusados por terrorismo.
No aplica para quienes hayan cometido delitos como secuestro, feminicidio, lenocinio o trata de personas, aunque sean de estos grupos vulnerables.
De aprobarse, las liberaciones serán analizadas y autorizadas (en un plazo de 60 días desde que se hace la petición) por una Comisión de Amnistía que será conformada por secretarios de estado, en la que no tendrá participación el gobernador.
Sería un gran logro para los defensores de los derechos humanos, siempre y cuando sí se corrijan las injusticias y no se beneficie a la ligera a a quienes se hagan pasar por indígenas, discapacitados o en situación de pobreza.
Ya tocará a los futuros gobiernos hacer que se cumpla y no solo tener el poder de liberar a dedo alzado.