El gobernador Miguel Barbosa Huerta no pudo haber denunciado públicamente que menores de edad fueron vendidos desde el DIF estatal en administraciones pasadas, sino tuviera pruebas, o pistas de los casos, así como los posibles involucrados.
Menos en un asunto tan delicado como el tráfico de niños que por alguna razón quedaron bajo el resguardo de este organismo.
La pregunta es ¿a quiénes salpicará esta cloaca que se está abriendo?, ¿quienes fueron directores y esposas de los entonces gobernadores que sabían que esto ocurría fueron omisos?, ¿de cuántos niños se trata?, ¿esos menores pudieron haber quedado en manos de traficantes de órganos o depredadores sexuales?, ¿cuándo se presentarán las denuncias penales?, ¿cuántos exfuncionarios veremos en la cárcel por estos casos?
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Desde agosto del 2015, el abogado Pablo Herrera Romero denunció públicamente el caso de Liliana Hernández, una madre que fue encarcelada en la era del morenovallismo, por denunciar adopciones amañadas desde el Sistema Estatal DIF, pero lo tiraron de a loco.
Liliana narró a medios locales que, en julio del 2015 dejó de ver a sus hijos porque fue denunciada por por maltrato infantil y sin verificar, personal del organismo le arrebató a los menores y al ver que inició todo un proceso para recuperarlos, el DIF los entregó a la familia paterna.
Luego de esa acción, Liliana ganó un amparo ante la justicia federal para poder ver a los menores, pero como sus hijos ya no estaban en poder del DIF, ella presentó una denuncia ante el Juez Primero de Distrito por desacatar la orden del juez contra cinco funcionarios:
Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado; Claudio Vega Ramos, responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF, y María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor.
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Casos como las de Liliana abundan, pero hay uno en especial que, si saliera a la luz pública causaría un gran escándalo. Se trata de una niña que fue arrebatada a sus abuelitos para después entregarla en adopción a una exfuncionaria de primer nivel, sin integrar el expediente como marca la ley.
Quienes estaban en ese entonces en posiciones claves, se les hizo fácil entregar a la menor sin seguir cada uno de los pasos que marca el procedimiento, como la realización de un estudio socioeconómico y valoración psicológica.
Conforme a la sentencia que decreta la adopción, se supone que se programan citas para dar seguimiento a cada uno de los casos durante dos años y así evaluar que el o la menor no haya sido entregada a una familia violenta o en donde corra riesgos.
Quien conoce muy bien este caso es Bruno Gibrán Morán, entonces procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Muchas explicaciones tiene que dar.
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Cuentan los que saben que entre quienes están en la mira por múltiples irregularidades en los procesos de adopción y abusos contra los niños son: Emmanuel Durán Meneses encargado de despacho del DIF (2017-2018) y Cristian Hernández Arellano, Jefe de Departamento de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2017-2018).
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